ctualmente se discuten en el Congreso de la Unión las leyes secundarias de la reforma energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013. Es probable que en las próximas semanas esta legislación complementaria se someta a votación y se apruebe. Antes de que esto ocurra, es indispensable hacer un llamado a los legisladores para evitar que se consume uno de los mayores agravios a la investigación científica y tecnológica del país, el cual podría frenar de manera irreversible las posibilidades de desarrollar conocimientos propios sobre nuestros recursos petroleros. Me refiero a la desaparición del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

Parece algo increíble cómo en el texto de las leyes secundarias, en particular en la titulada Nueva Ley de Petróleos Mexicanos, se incluya de manera subrepticia este propósito. Y digo de manera subrepticia, porque en todo el marco teórico o enorme preámbulo que acompaña a esta iniciativa, no se dice una sola palabra sobre este instituto ni sobre la investigación científica y tecnológica en el sector petrolero nacional (salvo en un apartado al que me referiré adelante). Pero la intención aparece nítida en la parte final, en uno de los artículos transitorios en el que se lee:

Décimo séptimo. El Instituto Mexicano del Petróleo transferirá a Petróleos Mexicanos los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de esta Ley, incluyendo los proyectos que se encuentren en ejecución al momento de la entrada en vigor de la misma. Dicha transferencia se realizará en un plazo que no excederá de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

No hay la menor duda de que el objetivo es la desaparición del IMP en esta legislación secundaria, pues en un plazo de seis meses, contados a partir de que se consume este objetivo, tendría que pasar a otro lado su presupuesto (que está formado en la totalidad por recursos propios), sus equipos e infraestructura, y sus investigadores, técnicos y estudiantes. ¿Transferirlos a dónde? A un lugar tan vago llamado Petróleos Mexicanos, donde estos recursos –muchos de excelencia– quedarán fragmentados y probablemente diluidos.

Después de decenas de páginas en las que no se menciona para nada este tema, de pronto el proyecto de Ley en el inciso IV del artículo 5 determina que Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo “la investigación desarrollo e implementación de fuentes de energía distintas a las derivadas de los hidrocarburos, y en el inciso siguiente:

V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que se realice en las industrias petrolera, petroquímica y química, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados.

Pero al desaparecer el IMP, ¿quién o quiénes van a coordinar o dirigir tan delicadas tareas? No se sabe, pues el proyecto de ley no lo determina con claridad. El Consejo de Administración, órgano supremo de Petróleos Mexicanos, tendría entre sus funciones establecer directrices, prioridades y políticas generales en muy diversas materias, entre ellas el desarrollo tecnológico y la investigación (artículo 13 inciso II); sin embargo al examinar los requisitos que deben cumplir los futuros consejeros no queda claro si incluirá personas con experiencia en el área de la investigación científica y tecnológica y, al menos teóricamente, el Consejo podría carecer de especialistas en estos campos.

La idea de desaparecer al Instituto Mexicano del Petróleo constituye además un elemento contradictorio dentro la política nacional de ciencia, tecnología e innovación, en la que se trata de convertir a estas actividades en palanca para el desarrollo económico y social de México (empleo aquí no mis palabras, sino las del presidente de la República), se realizan esfuerzos para aumentar los recursos para la ciencia, entre otras cosas, para crear más instituciones científicas y tecnológicas y no para desaparecerlas.

En un escenario hipotético, si alguien pensara que la desaparición de este instituto podría conducir quizás al incremento de las actividades de investigación y de los recursos para este fin, al mejoramiento de la infraestructura científico-técnica en esta área y a multiplicar la formación de recursos humanos especializados, lo que se le puede decir es que no existe ningún elemento objetivo en esta ley secundaria para esta supuesta mejoría, y más bien queda en el aire el futuro de estas actividades en Petróleos Mexicanos.

¿Desaparecerá el Instituto Mexicano del Petróleo? Esperemos que los legisladores no aprueben la ley secundaria tal y como está, pues sería una pésima señal de lo que significa la reforma energética.