Los gobiernos de izquierda de los estados de Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Morelos formaron un frente común para apoyar la propuesta que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, llevará a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con el fin de iniciar un debate nacional para mejorar los salarios mínimos en el país.

Ayer, funcionarios de las secretarías de Trabajo de esas entidades, incluida la de la ciudad de México, se reunieron en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde también acordaron enviar una carta al secretario del Trabajo y Previsión Social federal, Alfonso Navarrete Prida, para pedirle que convoque a una conferencia nacional para analizar la desvinculación del minisalario de 285 viariables, como el cobro de multas, para evitar un efecto inflacionario.

Tras concluir que el salario mínimo es anticonstitucional, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina señaló que si bien hay algunas propuestas que señalan que el incremento paulatino y sostenido puede ser de 10 por ciento anual hasta alcanzar la meta de 171 pesos diarios, o empezar con 20 por ciento, es algo que aún no se ha definido.

Estamos en la construcción de una ruta basada en las coincidencias para el diálogo nacional. Una es por conducto de la Conago, que en breve será presidida por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, quien será el encargado de poner en la agenda la propuesta del jefe de Gobierno de la capital del país.

Manifestó que el primer paso será logar la desvinculación del salario mínimo a las distintas variables a la que está asociado, lo cual podría lograrse este mismo año, pues, dijo, hay disposición en el ámbito federal, y confió en que el próximo año se inicie ya con el proceso de incremento al minisalario hasta garantizar el acceso a la canasta básica y ampliada, como marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Subrayó que es necesario cambiar las reglas del juego, respecto de como se fijan los aumentos al salario mínimo y establecer una nueva institucionalidad regida desde el Congreso de la Unión y autónoma de las instancias que dictan la política económica del país.