no de los mayores escándalos de corrupción en San Luis Potosí ha tenido como figura central a quien fue presidenta municipal de la capital del estado, la sicóloga Victoria Labastida, llegada al cargo en nombre del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A pesar de las múltiples evidencias de irregularidades constantes en el manejo de los recursos públicos (con el ex tesorero Agustín Soberón como operador experto), Labastida y su banda han sido intocables, entre versiones de altos funcionarios actuales de que desde México, específicamente desde la Secretaría de Gobernación, a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, se ha instruido tender un manto de protección a la ex alcaldesa.

A pesar de que esa impunidad tan ofensiva ha creado un ambiente propicio para que el PRI pudiera ver mermada su cosecha electoral el año entrante, cuando se renovarán la gubernatura, el Congreso estatal y las presidencias municipales, de manera paralela a la contienda federal, el sucesor de la mencionada Labastida, el ex rector de la universidad pública estatal Mario García Valdés (uno de los aspirantes a relevar al grisáceo Fernando Toranzo), ahora aparece en el reporte final de la cuenta pública 2013 de la Auditoría Superior del Estado (ASE) como mayor infractor que su antecesora. Labastida tuvo en su último año de ejercicio 251 observaciones, por un total de 234.6 millones de pesos, mientras el ex rector de la UASLP, Mario García, acumuló el año pasado 361 observaciones, relacionadas con 390.5 millones de pesos.

Una entidad tan dañada por el saqueo de los políticos (recuérdese el paso depredador del panista Marcelo de los Santos) requiere transparencia en el uso de los recursos públicos y castigo a quienes han practicado actos criminales contra el interés colectivo. Labastida debería enfrentar cargos que por consigna no le levantan las autoridades surgidas de su partido, el de tres colores. Y el actual alcalde, Mario García, debe aclarar las irregularidades detectadas.