En México hay 60 mil capas de información en materia de protección civil, es decir, factores potenciales de riesgo o puntos vulnerables para la población. De ese bloque, 3 mil son consideradas como alertas de nivel crítico.

El número podría elevarse a 110 mil, según avance del monitoreo compilado por la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (SG). Una capa puede ser, por ejemplo, ladera, fábrica de químicos o carretera; también el tipo de subsuelo o la actividad de un volcán, por citar sólo algunas.

La prevención cobra importancia porque el gasto destinado a ello, de 2007 a la fecha, ha sido mínimo respecto de lo empleado para atención de emergencias y reconstrucción.

Por ejemplo, en 2007 se destinaron 97 millones para el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales, mientras el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) alcanzó 135 millones. La asimetría se agudizó. En 2011 el Fonden tuvo 10 mil millones de pesos, mientras el rubro de prevención apenas tuvo 300 millones.

El año pasado, la relación fue 5 mil 507 millones contra 322 millones, y este año la previsión está en 7 mil 217 millones para el Fondo de Desastres y 335 millones para tareas preventivas relacionadas con la identificación y evaluación de peligros, incluida la autoprotección de la población en situaciones de riesgo.

La SG subrayó la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, como la integración, ampliación y monitoreo de los denominados atlas de riesgo, porque dijo que no es suficiente con la elaboración de catálogos.

México es una zona proclive a situaciones de peligro; en los últimos 114 años han ocurrido en México más de 180 sismos mayores de magnitud 6.5, y la capital del país es considerada una de las más peligrosas del planeta por el subsuelo acuoso y la densidad de población. Tan sólo en 2013 fueron emitidas 86 declaratorias de emergencia.

En la entrega de catálogos han cumplido 28 de las 32 entidades del país; sin embargo, protección civil considera que es necesario mejorar los métodos de visualización permanente de cada capa.

Sobre el caso Guerrero, funcionarios del área advirtieron que los recursos federales para la prevención, emergencias y reconstrucción no son una chequera al alcance de las autoridades locales. Destacaron la necesidad de la colaboración financiera de los dos niveles de gobierno y no sólo (que el gobierno del estado) estire la mano.

Para atender los efectos del paso de los meteoros Ingrid y Manuel, ocurridos en 2013, fueron garantizados alrededor de 22 mil millones de pesos para la reconstrucción, de los cuales 14 mil provienen del Fideicomiso del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y 7 mil del fondo especial Plan Guerrero.