ientras en Oaxaca se reconocen 11 negligencias, sólo en el último año de Peña Nieto ( Reforma, 28/5/14) y en Sonora se agrega la muerte del jornalero Constantino Ortiz, después de la de José Sánchez –también jornalero– ocurrida en octubre de 2013 ( El Universal, 14/6/14), los médicos de Jalisco y del país, agrupados en #Yosoy17, dicen ¡Basta!

La Asociación Médica de Jalisco, comunica que los errores de los galenos no deben judicializarse como actos criminales, sino dirimirse y sancionarse en instancias colegidas fortalecidas. Ello, después de que 16 médicos del Hospital de Pediatría del IMSS fueron inculpados por la muerte del joven Roberto Gallardo (enero 2010) y de que un juez tercero de distrito les liberó órdenes de aprehensión. #Yosoy17 llama a manifestarse en distintas ciudades del país (el 22 de junio) para apoyarlos y denunciar sus condiciones laborales. El sindicato del IMSS les ha externado su respaldo.

Hay que defender la práctica médica: sabemos lo que representa la atención a pacientes graves. Enfrentamos problemas estructurales de falta de personal, insumos y vulnerabilidad legal, señalan. El Colegio Mexicano de Medicina Interna agrega: Los médicos se organizan ante un atropello. El juez no tiene idea de lo que califica.

Como suele hacerlo, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, giró instrucciones para que, nuevamente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) iniciara la indagatoria con una brigada de inspectores federales en Oaxaca: Se investiga al personal médico para resolver si es responsable de la falta de atención, indicó ( La Jornada, 18/6/13).

Según Mikel Arreola, Cofepris tiene 10 procesos abiertos en Oaxaca y son motivo de notificaciones de multa por casi 3 millones 113 mil pesos ( Reforma, 18/6/14). De las muertes en Sonora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura haber enviado visitadores adjuntos.

Frente a la inadmisible ola de negligencias, Mercedes Juan sólo ofrece una hueca comisión en el marco de su proyecto de reforma sectorial que degrada el derecho a la salud. No toma cartas sanitarias. Para ella el asunto es punitivo, penal y de multas, mien­tras guarda silencio frente a la principal demanda ciudadana: mejorar servicios ¡ya!

Coincidiendo con el ministro José Ramón Cossío, de la Suprema Corte, para quien en el derecho a la salud se debe pensar cómo se debe satisfacer, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, para que nosotros, los juzgadores, lo entendamos y podamos saber qué podemos proteger, hasta dónde o cuáles son las condiciones reales de esa protección, Mercedes Juan quiere una reforma” que necesariamente modifique el artículo 4 constitucional.

Con esta nueva base constitucional pretende introducir en IMSS, Issste, Sedena, Semar y Pemex: 1) garantías explícitas (o paquetes básicos mínimos) que racionen las intervenciones de salud, ahora sujetas a condiciones precisas para el acceso a los servicios; 2) homologar interinstitucionalmente protocolos de atención y tarifas para aplicar esa paquetería explícita; 3) incrementar gradualmente la lista racionada de intervenciones ya como paquetes básicos explícitos; 4) crear una procuraduría que vigile y haga exigibles los paquetes mínimos explícitos. Además, asegurada su independencia respecto a todas las instituciones, esa procuraduría dispondría de la facultad de obligar a cada una de ellas a prestar los servicios o pagar en el caso de que no los puedan prestar o hacer un direccionamiento del paciente a un proveedor alterno ¿privado?, y 5) integrar una comisión nacional de salud universal con todas las instituciones –más la Secretaría de Hacienda– con el encargo de ejecutar el racionamiento a paquetes básicos mínimos así como determinar costos y tarifas interinstitucionales (portabilidad).

Pretende que la atención médica de las instituciones reduzca la responsabilidad estatal a intervenciones garantizadas de manera explícita como nuevo derecho constitucional degradado Lo que no cubra Peña deberán, ahora, cubrirlo los ciudadanos comprando seguros complementarios. El nuevo PRI pretende una universalidad no universal.

Para enfrentar la ola de negligencias que con Peña Nieto inundan al sector –y que debería ser su prioridad principal– Mercedes Juan no ofrece absolutamente nada, ni una sola palabra, en el decreto que modifica la Ley General de Salud ( Diario Oficial de la Federación, 4/6/14), que recentraliza autoritariamente, en SSA y SHCP, todos los recursos del Seguro Popular, sepultando el anhelo federalista.

Para ella, el asunto se resuelve separando el financiamiento de la prestación de los servicios: los regímenes estatales de protección social en salud garantizarán las acciones mediante el financiamiento y la coordinación eficiente, oportuna y sistemática de la prestación de los servicios de salud a la persona del Sistema de Protección Social en Salud, los cuales deberán realizar su actividad de manera independiente de la prestación de servicios de salud (artículo 77 bis 2), como si por arte de magia, la separación atacara de raíz el descontrol clínico estructural que prima en los servicios que coordina la Ssa mediante sus regímenes estatales.

Con su anémico aunque ruidoso proyecto de seguridad social universal, Peña legará, intactos, al próximo sexenio todos los grandes desafíos en materia de pensiones y salud. La bomba de tiempo está dispuesta.

¿Cuál es la responsabilidad objetiva del Estado en las negligencias y, sobre todo, en que el encuentro médico-paciente –como relación de confianza mutua– acontezca en condiciones de suficiencia? La respuesta presidencial es una reforma que degrada el derecho a la salud, mientras, como comunica #Yosoy17, médicos y pacientes enfrentan indefensión y desamparo.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco