esde hace más de dos décadas, Tamaulipas es un territorio de excepción. La proliferación de la economía fronteriza (posterior al TLCAN), los flujos masivos de migrantes que buscan trabajo en EU (cuyas redes se extienden hasta Centroamérica) y la intensificación de la producción de energéticos, lejos de haber redundado en un auge del estado trajeron su fragmentación, casi su desarticulación. Los magníficos parajes, la calidez de su gente, de esa last frontier del noreste se encuentran hoy asediados (prácticamente tomados) por las sombras de la violencia. No hay confín en el mundo que pueda refutar con más abnegación esa teoría (de los años 90) que veía en la expansión de los mercados la posibilidad del advenimiento de la democracia, y así una nueva forma de bienestar. En Tamaulipas, la democracia se ha reducido a una versión (feroz) del antiguo régimen, y el devenir del mercado, a un proceso de disolución sin tregua.

Hace muchos años, el centro perdió –ya no digamos el dominio– toda influencia en la región. Es otro de los saldos de un régimen electoral colonizado, desde sus orígenes, por el subsuelo del Partido Revolucionario Institucional, que la reforma política de Peña Nieto pretende no modificar, sino simplemente devolver a las manos de la Presidencia. Las incursiones del Ejército se iniciaron en los años 90. Le siguieron las estrategias de Felipe Calderón. Pero nunca se había visto una campaña militar de las dimensiones como la que se emprendió a partir de marzo de este año. ¿Qué es lo que inquieta a Los Pinos hoy en Tamaulipas?

Las noticias iniciales llegaron como notas aleatorias (y hasta la fecha se mantienen en esa dispersión). El viernes 4 de abril –informó Proceso– un convoy de 15 camionetas atacaron el hotel Asia, en Ciudad Mier, en el que se alojaban ingenieros y trabajadores de la empresa de servicios petroleros Weatherford, cuya matriz se encuentra en Suiza. Los vecinos alarmados llamaron a la zona militar para que interviniera el Ejército, pero nadie acudió. La firma realiza perforaciones en la cuenca de Burgos en busca de gas y petróleo shale. La extracción de este tipo de petróleo es la que ha garantizado el renacimiento económico de Texas en los últimos dos años (no obstante las protestas de los grupos ecologistas estadunidenses). Los yacimientos de Tamaulipas son tan cuantiosos como los del vecino, pues comparten el mismo manto. El ataque representó el primer revés para la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, concluía la revista. La agencia de noticias Bloomberg prosiguió en mayo la investigación del incidente. Ángel Torrez, un operador de máquinas estadunidense, relató los pormenores del ataque. Todavía sigue trabajando para Weatherford en las perforaciones de Tamaulipas. Otros trabajadores e ingenieros hicieron sus maletas y prefirieron regresar a casa. La diferencia (con respecto a marzo) es que el Ejército Mexicano ahora escolta (!!!) a los trabajadores de la compañía extranjera desde los pozos hasta el hotel. No obstante, los asesores de muchas compañías petroleras, como Dwigth Dyer, han sido concluyentes: “La extracción de petróleo shale en México no va a prosperar como en Texas. A menos que las condiciones de seguridad en la frontera no mejoren, las compañías pequeñas no se van a arriesgar a entrar en el negocio”.

Todo el incidente de la cuenca de Burgos plantea un cúmulo de preguntas: 1) ¿qué hace una compañía suiza en Tamaulipas perforando pozos si la legislación ni siquiera ha sido aprobada?; 2) ¿desde cuándo es el Ejército de México un grupo de escolta de los ingenieros de una compañía global si ni siquiera escolta a la propia población de Tamaulipas en los momentos de crisis?, y 3) ¿son estas las mejoras que va a traer la inversión extranjera a la parálisis de la producción petrolera del país? Estas y otras preguntas similares son las que deberían acaso plantearse en los actuales debates legislativos no sobre las leyes secundarias de la legislación energética, sino sobre la viabilidad de esa legislación (por más que fue aprobada).

Cabría detenerse aquí para hacer un poco de historia. Si se sigue la historia de los conflictos entre las empresas petroleras y el orden político entre 1910 y 1938, la conclusión es menos compleja de lo que se podría pensar: la expropiación petrolera de 1938 no perseguía tanto recuperar la riqueza del subsuelo para el país (un plan a muy largo plazo), sino terminar con la ingobernabilidad política que propiciaban los intereses petroleros. Después del lock out (huelga patronal) de 1937, que dejó sin combustible al país durante tres semanas, el gobierno decidió actuar en marzo del año siguiente para suprimir una esfera de conflictualidad que inhabilitaba cualquier intento de preservar la gobernabilidad del Estado mismo.

Hoy, se dirá, no estamos en 1938. Los mercados son globales y las inversiones también. Las sociedades están habituadas a la escena global. Además, cuenca de Burgos es sólo un incidente. Sin embargo, y visto con más detenimiento, la situación podría ser incluso más vulnerable que en 1938. Los países productores de energéticos (Venezuela, Libia, Irak, Irán, Afganistán...) se encuentran inmersos en conflictos que derivan específicamente de la peculiar lógica territorial de ese submundo industrial. Las empresas energéticas emigran y se desplazan con toda su conflictualidad en sus maletas. ¿Vale realmente la pena rescatar las finanzas siempre dudosas de un régimen político, más dudoso aún, el del PRI sacrificando el mínimo de gobernabilidad que garantizaba la antigua soberanía energética? La respuesta es sencilla: no.