La Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo conocimiento desde los primeros días de junio de la resolución del juez tercero de distrito de procedimientos penales de girar órdenes de aprehensión en contra de 16 médicos que laboran en el Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente (CMO), en Guadalajara, Jalisco.

Sin embargo, dicha área no hizo nada ni atendió la petición del director del nosocomio para que se apoyara a los galenos, quienes en dos instancias judiciales previas ya habían sido exonerados de responsabilidad en la muerte del menor Roberto Gallardo, ocurrida a principios de 2010.

Esa falta de respuesta se mantuvo hasta que se empezó a gestar una movilización amplia en otras unidades médicas de apoyo a los profesionales imputados. Entonces vino la orden de la Dirección de Prestaciones Médicas a los directivos de hospitales, pero para que prohibieran la participación de los empleados en marchas o plantones.

Durante esos días, el director del IMSS, José Antonio González Anaya, estuvo fuera del país. Acompañó al presidente Enrique Peña Nieto en su gira por Europa. Sólo cuando regresó y se enteró del problema que enfrentan los médicos jaliscienses ordenó que el área jurídica tomara el caso en sus manos y asumiera la defensa de los trabajadores. El pasado viernes se reunió con los doctores involucrados y les reiteró el respaldo del IMSS para su defensa.

Este es un caso inédito en el país por el número de médicos involucrados (16) y la movilización gestada a través de las redes sociales Twitter y Facebook, desde las cuales se ha dado a conocer la formación de grupos de médicos en diferentes ciudades del país, todas bajo la etiqueta #Yo soy17 o #yosoymédico17 y el lema: ‘‘Somos médicos, no dioses ni criminales’’.

Ahí mismo se organizó la movilización que tendrá lugar este domingo en diversas entidades, a partir de las 9 de la mañana, en la que se prevé, además de la solidaridad con los doctores de Jalisco, el planteamiento de otras quejas, principalmente la precariedad con la que desempeñan sus labores en los servicios públicos de salud.

La amplia convocatoria solicita en sitios como Acapulco que los médicos participantes acudan con sus batas, el resto de los asistentes vestidos de blanco y todos con un moño negro en el brazo izquierdo.

La denuncia por la muerte del menor Roberto Gallardo, de 15 años de edad, ocurrida a principios de 2010 en el Hospital de Pediatría del CMO, es compleja. Además de las dos sentencias previas de igual número de jueces que resolvieron que el caso era improcedente, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) determinó que hubo ‘‘mala praxis’’ de los doctores, pero ésta no fue causa del fallecimiento del paciente.

Es decir, dijo el organismo, no hubo negligencia médica. El adolescente murió por causas de la enfermedad que presentaba, no por el tratamiento que recibió.

Del otro lado están los argumentos del padre del menor y la opinión de especialistas, quienes denuncian la ‘‘falta de pericia’’ de los médicos, así como ‘‘negligencia’’. La demanda señala que el paciente menor de edad ingresó al hospital por una crisis asmática que se complicó gravemente y requirió de varias cirugías. Indica que el personal de salud no identificó que el niño tenía tuberculosis intestinal, por lo que tampoco le dieron el tratamiento adecuado, y al parecer esta fue la causa de su fallecimiento.

Sobre este caso se han pronunciado, además de médicos de otros hospitales, organismos como el Colegio de Medicina Interna de México, que el pasado 11 de junio emitió un pronunciamiento y exigió respeto al ejercicio responsable de la profesión médica.

Dijo que se deben conocer las circunstancias en que ocurrieron los hechos, sus antecedentes y desarrollo del proceso hasta el momento final, porque ‘‘con frecuencia hemos encontrado que implicar a los médicos en situaciones de controversia es relativamente fácil y más fácil que la autoridad, sin corroborar las circunstancias, emita sanciones antes de averiguar y constatar que realmente existe la tipificación del delito’’.

Sin embargo, subraya el colegio, ‘‘muchas veces las circunstancias, el exceso de trabajo, la gran demanda en los servicios y las limitaciones por falta de recursos diagnósticos y terapéuticos evitan que los resultados sean los mejores. A pesar de todo, nos adaptamos y hacemos lo posible optimizando lo que tenemos a la mano’’.