Las comisiones de Asuntos Migratorios y Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados mantienen congelada desde hace nueve meses una iniciativa de ley general para la protección y asistencia de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

En el documento se había planteado un sistema de tutela temporal para menores deportados de Estados Unidos, evitar su detención por el Instituto Nacional de Migración (INM), otorgarles refugio e incluso concederles la condición de refugiados.

Aun cuando las presidentas de ambas comisiones, las perredistas Amala García y Verónica Juárez, son las autoras de la iniciativa, no han convocado para dictaminar un proyecto en el que, argumentaron en septiembre, se basaría el nuevo modelo de defensa de los derechos de menores migrantes, con la aplicación urgente de un protocolo de protección, que terminara a su vez con las muy endebles políticas del gobierno federal.

La iniciativa, que el pleno turnó a comisiones unidas de Asuntos Migratorios y Derechos de la Niñez el 18 de septiembre, propone que sea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) el que se encargue de la custodia y acompañamiento de los menores, así como de conocer las causas de la migración de niños no acompañados, de garantizar el respeto a sus derechos humanos, así como a la asistencia legal, de salud y educación y, en su caso, retorno seguro a los países de origen.

El proyecto resalta que después de ser deportados de Estados Unidos, los menores son detenidos en las estaciones del INM, debido a que no se ha precisado la responsabilidad de alguna instancia gubernamental sobre su custodia.

Después de ser deportados por Estados Unidos, los niños migrantes no acompañados son detenidos en estaciones del INMFoto Ap

Es inaceptable que los originarios de otros países no sean canalizados de inmediato al DIF u otra instancia validada, plantearon ambas legisladoras.

Por esa razón, el proyecto considera que en ningún caso el INM asuma la tutela o custodia y los niños, niñas y adolescentes, que deberán permanecer en los lugares determinados por el DIF o en albergues de la sociedad civil debidamente registrados.

Debido a que el esquema de protección y acompañamiento a menores repatriados implicaría la aplicación de gasto etiquetado, tanto en el presupuesto de la Federación como en el de los estados y el Distrito Federal, la iniciativa no ha sido bien acogida.

Cualquier recurso financiero y todo elemento humano destinados a este tema están absolutamente justificados, en virtud de que incidirá de manera directa en la vida y destino de miles de niñas, niños y adolescentes; lo mejor y más preciado con lo que cuenta la especie humana, justificaron las legisladoras.

La discusión está detenida, a pesar de que en la exposición de motivos se resalta que debe ser una prioridad para México atender a los miles de niños que dejan sus hogares para emprender viajes peligrosos en busca de sustento, y que en el camino quedan expuestos a violaciones a sus derechos humanos, a ser víctimas de la delincuencia organizada y a ser revictimizados cuando se les detiene por el INM.

Según las cifras que aportaron, como resultado del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, en 2012 el INM reportó casi 17 mil repatriaciones de menores de 18 años, de los cuales 79 por ciento no viajaban acompañados.