n 2003, durante el gobierno de Vicente Fox Quesada, se presentó por primera vez el proyecto de construir una hidroeléctrica, La Parota, en el río Papagayo, en Acapulco. La obra contendría el equivalente a 12 veces el agua de la bahía acapulqueña y su cortina tendría más de 200 metros de alto.

El plan fue impugnado por los habitantes de los bienes comunales indígenas de Cacahuatepec, primero, porque la Comisión Federal de Electricidad se negaba a informarles el precio que pensaba pagarles por la tierra. Ese fue el primer detonante. Después surgió más información que generó un movimiento social de vastas dimensiones: se detectó que la presa estaría en una zona sísmica, que el vaso receptor sepultaría varios poblados y arrasaría con especies endémicas de flora y fauna, que se convertiría en un gigantesco espejo que enviaría los rayos del sol a la estratósfera, agudizando el efecto invernadero y, desde luego, en caso de un siniestro Acapulco y municipios aledaños quedarían inundados.

Los comuneros, con respaldo de organizaciones tanto del país como del extranjero, lograron impedir la consumación del proyecto y durante el gobierno de Felipe Calderón se le dio por cancelado.

Ahora, sin embargo, el presidente Enrique Peña Nieto lo ha retomado. El año pasado anunció una hidroeléctrica en el río Papagayo, y las recientes modificaciones legales que permiten expropiar tierras y aguas para obras de este tipo han revitalizado el proyecto.

Tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Carlos Navarrete, aspirantes a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, se manifestaron en Acapulco en favor de la represa. Apenas la semana pasada fue detenido el vocero del Consejo de Comunidades Opositoras a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui.

Así, todo parece indicar que el gobierno federal está dispuesto a imponer la presa a como dé lugar. Mientras tanto, los comuneros advierten que se aprestan a dar la vida para impedirlo.