La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que los Congresos de los estados no están facultados constitucionalmente para legislar en materia de delincuencia organizada, pues se trata de un tema exclusivo del Congreso federal.

Por unanimidad, el pleno definió así una controversia planteada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que planteó la invalidez de una porción normativa del Código Procesal Penal de Nuevo León, reformado en 2013, que incluyó la figura de la prisión preventiva forzosa para los acusados por delincuencia organizada que cometan ese delito en territorio estatal.

La discusión ahora se acota sencillamente al tema de la delincuencia organizada, en tanto se demuestra la incompetencia para legislar a cargo de las entidades federativas, dada la determinante específica en ese sentido por la Constitución federal, afirmó el ministro Alberto Pérez Dayan.

El ministro Arturo Zaldívar, autor del proyecto de sentencia, había propuesto en la sesión de la semana pasada que los estados sí tenían ciertas facultades en la materia, derivada de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, pero como la mayoría de ministros rechazaron la idea, Zaldívar modificó su proyecto inicial.

En su discusión de ayer, durante una sesión que se suspendió a las 13 horas (una hora antes de lo acostumbrado), los ministros recordaron que el Congreso de Nuevo León admitió ante la propia Corte, durante el trámite del juicio, que el término delincuencia organizada fue incluido por error, pues sólo querían referirse a la agrupación delictuosa, un tipo penal que tiene implicaciones mucho menos graves.

La Corte discutirá esta semana otros temas en materia de delincuencia organizada, derivados del planteamiento que hizo la CNDH sobre la controversia contra el Poder Legislativo de Nuevo León.