Especialistas en telecomunicaciones señalaron que además de las desafortunadas declaraciones y pretensiones de la diputada perredista Purificación Carpinteyro, no puede dejarse de lado que en el país se siguen cometiendo ilegalidades, como grabar conversaciones telefónicas privadas.

Destacaron que además del escándalo que representa saber que Carpinteyro está en una legislatura involucrada en un tema en el que después piensa desempeñarse como empresaria, la conversación se dio a conocer en un momento clave para la aprobación de la legislación secundaria de telecomunicaciones, porque pone en entredicho el desempeño de la diputada y también el del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, porque se sembró la duda y se trata de desviar la atención de lo fundamental, que consiste en lo que se está negociando y quiénes serán los beneficiados.

La presidenta de Observatel, Irene Levy, señaló en entrevista radiofónica que hay un claro conflicto de intereses en la actuación de Purificación Carpinteyro, y advirtió que no debe descuidarse que otra vez se hizo una grabación telefónica ilegal y se presentó en un momento muy delicado de la discusión sobre la legislación secundaria de telecomunicaciones.

Destacó que es indispensable que los legisladores transparenten las discusiones y negociaciones, porque hasta el momento la ciudadanía desconoce lo que ocurre sobre la legislación secundaria en esa materia.

En tanto, Jorge Fernando Negrete, director de la consultoría Mediatelecom Policy & Law, consideró que es desafortunado que la legisladora Carpinteyro se haya decidido a planificar un negocio justo cuando está a discusión la legislación secundaria de telecomunicaciones; no era el momento.

Además, manifestó que no puede dejarse de lado la gravedad de que en el país se siga cometiendo el delito de grabar conversaciones telefónicas y luego se difunda ese material ilícito. No es posible, dijo, que no se investigue y sancione esa práctica.

Agregó que quien difundió la grabación lo hizo con el conocimiento de que la legislación secundaria está a punto de aprobarse y de que causaría un impacto severo a la legisladora, a su partido y al proceso.