El movimiento #YoSoy17 y #YoSoyMédico17 envió a la Cámara de Senadores dos propuestas de reforma: una para establecer la obligación de médicos y el derecho de los pacientes a dar su consentimiento informado para cada procedimiento clínico que se les practique, y así abatir los casos de negligencia y, otra, para modificar el Código Penal Federal, a fin de que en casos de delitos culposos no graves se emita orden de comparecencia del presunto responsable, en lugar de orden de aprehensión.

La propuesta destaca que en el caso de los delitos tipificados como culposos, que se atribuyen a los profesionales de la medicina, nunca existe la intención de causar daño, pero debido a que se castigan con pena de cárcel, los presuntos responsables son aprehendidos y privados de su libertad, aunque luego son liberados mediante el pago de una fianza.

Los médicos señalan que la detención que llevan a cabo policías pistola en mano es una experiencia desagradable, sobre todo porque no han tenido la intención de causar daño.

De acuerdo con el abogado Pedro Morales, una experiencia de este tipo, ocurrida a fines de los años 80 en el Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), llevó al gobierno federal a realizar cambios en los procedimientos judiciales, a fin de que en cualquier investigación ministerial en contra de médicos se solicitara a la Secretaría de Salud (Ssa) una opinión técnica. Ese fue el antecedente que luego de algunos años llevó a la creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).

Ahora, luego de la acusación que pesa sobre 16 médicos del Centro Médico de Occidente del IMSS, el movimiento #YoSoy17 y #YoSoyMédico17 plantea la modificación legal porque si el indiciado por un delito culposo garantiza que enfrentará el juicio y, en su caso, pagará la reparación del daño, resulta injusto que tenga forzosa y necesariamente que ser aprehendido, como lo establece la legislación actual.

La otra propuesta es para cambiar la Ley General de Salud a fin de que el consentimiento informado ya incluido en la normatividad para todos los servicios médicos del país sea más específica en el caso de los beneficiarios del Seguro Popular.

El consentimiento informado se deberá obtener para cada procedimiento que conlleve un riesgo relevante para el paciente. De esta manera, agrega, se promueve la autonomía del paciente, y más en la época actual que las personas son cada vez más conscientes de sus derechos, más exigentes y observan más los resultados.