El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que dé a conocer los nombres de los 122 delincuentes más buscados, a los cuales se refirió el presidente Enrique Peña Nieto en su primer Informe de Gobierno, así como la organización a la que pertenecen, de qué cargos se les acusa y cuál es su situación legal, entre otros puntos.

Luego de que un particular solicitara esos datos, la PGR señaló que la única información pública con la que contaba se había entregado como cumplimiento a otra resolución previa del Ifai, y otorgó un vínculo electrónico para consultarla.

Inconforme con la respuesta, por considerar que ésta era insuficiente, el peticionario interpuso un recurso de revisión, que se asignó a la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, quien consideró fundada la denuncia del particular y propuso revocar la respuesta de la PGR, lo cual fue apoyado de manera unánime por el pleno del Ifai.

Luego de subrayar que la inseguridad es uno de los temas que más le preocupan a los ciudadanos, Salas lamentó que las autoridades tengan información incompleta o contradictoria, lo que provoca incertidumbre sobre la veracidad de la información pública y resulta un obstáculo para los ciudadanos.

En la misma sesión, el órgano de transparencia instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que revele todos los detalles relacionados con la construcción del puente vehicular San Andrés, en el municipio de Ecatepec, estado de México.

El comisionado Francisco Javier Acuña, encargado de analizar el tema, deploró que esta obra no contara con manifestación de impacto ambiental autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y se limitó a darle cuatro planos ininteligibles al particular que solicitó la información.

Este es un ejemplo de una respuesta lamentable, floja, incompleta y hasta ofensiva, porque además le hizo al particular pagar el costo de los planos que le entregaron. Se trata de una colección de excusas que demuestran la irresponsabilidad del sujeto obligado en un proyecto que va a requerir al menos 10 mil metros cuadrados, enfatizó.

Por último, el Ifai ordenó a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que busque y entregue algún documento en el que consten los criterios emitidos sobre alimentos sin aporte o contenido nutrimental, conocidos como comida chatarra.