Buenos Aires, 28 de junio.

La decisión del juez Ariel Lijo de procesar al vicepresidente Amado Boudou, junto a otras cinco personas, por la venta de la empresa Ciccone Calcográfica -anunciada el viernes a la medianoche- será apelada por el abogado defensor del alto funcionario, Diego Pitora, quien recordó que se tomó esta medida en el mismo momento en que la defensa había solicitado una nueva indagatoria. El procesamiento es sin prisión preventiva.

El anuncio de Lijo se produjo mientras el vicepresidente estaba una visita oficial en Cuba, y Pitora sostuvo que esta resolución dictada entre gallos y medianoche no lo sorprendió, porque ya estaba decidida y redactada antes de la indagatoria del 9 de junio pasado, cuando Boudou se presentó voluntariamente y aseguró que el magistrado no ha fundado su decisión en pruebas de la causa, sino que sólo ha tejido una novelada conjetura basada en ciertos relatos periodísticos.

Lijo considera que Boudou adquirió a través del fondo The Old Fund -sin pruebas fehacientes- la empresa Ciccone Calcográfica y lo procesa por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

En la resolución procesal que tiene más de 300 hojas, figuran otros cinco acusados de cohecho: José María Nuñez Carmona, presunto amigo de Boudou; el empresario Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro; Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos; y los antiguos dueños de la empresa, Nicolás Ciccone y su yerno, Guillermo Reinwick.

Mediante un comunicado, Pitora y Eduardo Durañona, también defensor del vicepresidente, confirmaron oficialmente que avalarán la resolución de Lijo porque en la investigación se han tergiversado pruebas y testimonios, así como inventado circunstancias que no existen en las constancias de la causa penal.

Sostienen que el juez narra una historia fabulada y convenientemente acomodada para causar un perjuicio antijurídico a las personas que el magistrado interesadamente seleccionara.

Por otra parte, consideran que ha negado la oportunidad a las partes a que sean debidamente escuchadas, no sólo al impedir sus declaraciones, sino al hacerlo de un modo formal y simulado.

Señalan además que “las razones técnicas y probatorias" de esa resolución deberán ser expuestas ante la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad.

Durante una entrevista radial, Pirota ratificó que Boudou tampoco se sorprendió por esta decisión, ya que vieron todo lo que sucedió en la causa, las situaciones injustificadas del magistrado y los fundamentos que esgrime; no podemos más que reafirmar que tenía lista esta resolución repleta de vicios jurídicos y reafirmaron que lo que expresa Lijo nada tiene que ver con el Código Procesal Penal].

Los defensores hablan de evidente imparcialidad del juez, quien además ordenó trabar embargo a los bienes de todos los involucrados por 200 mil pesos.

Boudou sostiene desde hace tiempo que lo afirmado por el juez Lijo es una versión falsa y por eso le solicitó se investigara la ruta del dinero para salvar a la calcográfica de la quiebra, ya que eran fundamentales esas pruebas para saber quien prestó el dinero para evitar la quiebra. También el vicepresidente afirma que el caso Ciccone tiene un trasfondo político.

En tanto la oposición se prepara para un fuerte embate esta semana. Algunos sectores sostienen que Boudou debe pedir licencia, otros que se debe iniciar un juicio político. Pero en realidad en principio deben probar todas y cada una de las acusaciones, que están en duda por las propias características del juez Lijo, acusado de irregularidades varias.

El pasado 15 de junio, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas recordó la decisión del juez Lijo de dar personería jurídica a un partido político “Bandera Vecinal, dirigido por un reconocido nazi local Alejandro Biondini, quien ha reivindicado pública y reiteradamente la figura de Adolfo Hitler y el nazismo.

También fue acusado en el año 2002 por familiares de las víctimas de la mascare de Avellaneda, cuando la policía de la provincia de Buenos Aires asesinó a dos jóvenes líderes de movimientos sociales, Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, el 26 de junio de ese año.

Sostienen los familiares que guardó la causa en un cajón, no investigó la responsabilidad política de estos crímenes. Dijeron, además, que Lijo ni siquiera respondió a informes solicitados por la fiscalía.

No son los únicos casos. Hay una serie de denuncias contra Lijo de diferentes sectores, incluyendo familiares de campesinos paraguayos acusados de un crimen que no cometieron y que entregó a Paraguay, donde aún están en prisión, lo que fue duramente criticado aquí y en el país vecino.