e suponía que esta semana que terminó se iban a llevar las leyes, o fragmentos de las mismas, que faltan para la legislación energética. Bueno, esto no debía preocuparnos, pues ha pasado ya muchas veces desde la segunda mitad del año pasado. Y tampoco es nada positivo lo que hay ahí como para que lo apuremos.
Nos basamos en cosas publicadas del domingo pasado a la fecha en diferentes medios. Se insiste en que se crea un régimen de excepción en el que se legaliza el despojo de tierras ejidales, comunales o privadas en las que haya (o se suponga que haya) petróleo, gas o se quiera construir instalaciones eléctricas.
Se publica que en los artículos 41 y 42 de la Ley de Hidrocarburos, ya acordados por PRI y PAN, se faculta al Presidente de la República para establecer áreas para estos usos. Se supone que el o los dueños del terreno deberán primero negociar con quienes van a sacar petróleo y demás los términos cómo se va a dar el terreno.
Hemos mencionado hechos muy crudos que muestran la prioridad de trasnacionales para generar energía; por ejemplo, con la extracción mediante fractura hidráulica (fracking) en nueve municipios de Nuevo León, por las empresas Halliburton y Schlumberger, generando temblores y produciendo cuarteaduras en por lo menos 45 viviendas. Mencionamos que está prohibida esta tecnología en más de 20 países y en tres estados importantes de Estados Unidos, y que sin embargo se da preferencia a las trasnacionales destructoras sobre la necesidad de la población del agua para beber, bañarse, regar la tierra, etcétera.
También reseñamos un ejemplo, en Chiapas, de una reunión de 500 delegados de origen indígena, ejidal y popular, contra la privatización y en defensa de la tierra de los sectores en cuestión, pues se consideran los sectores ya aprobados, y los que han sido presentados para su aprobación prevén la posibilidad de arrebatar a los sectores populares su agua y su tierra.
Es importante tener presente lo que suceda la próxima semana, así como lo que siga, y difundirlo y rechazarlo como se pueda. Ya se han dado indicios sobre la clase de leyes y normas que van a querer imponer.
Presentamos ahora informes tomados de diferentes organismos de prensa, sobre este tema.
GE Oil & Gas firmó un contrato con Pemex para suministrar equipos de superficie vital, en el campo de crudo de Ayatsil, en la sonda de Campeche.
El régimen de excepción se completa, ya que dejan de operar las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la de Adquisiciones, la de Obras y la de Entidades Paraestatales; Pemex y CFE dejan de ser empresas públicas, propiedad del gobierno.
La promesa de que la producción aumentará a tres millones de barriles de petróleo diarios para 2018 fue considerada irreal
por un análisis del Instituto de Estudios Energéticos de la Universidad de Oxford.
El Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad del Carmen apoyará a negocios defraudados por la empresa Oceanografía por una deuda de 70 millones de pesos; se trata de 40 pequeñas empresas proveedoras de diversos servicios, afiliadas al consejo.
Legitimación del despojo (Resumen de La Jornada):
En un proceso legislativo cuestionado por una parte de la oposición, los senadores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional han comenzado la aprobación de las leyes secundarias en materia energética enviadas por el Ejecutivo al Congreso.
En este primer paquete de normas, de acuerdo con críticos y especialistas, se estaría avanzando en el desmembramiento de la CFE, el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras y la privatización del agua.
