La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal en contra del líder del cártel de Tijuana, Fernando Sánchez Arellano, El Ingeniero, quien fue enviado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número Uno, conocido como El Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México.

Su organización delictiva está dedicada al tráfico de drogas sintéticas, cocaína y mariguana, que tenía como principal centro de operaciones la ciudad de Tijuana, Baja California.

Sánchez Arellano fue acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y portación de armas de fuego, pero están en integración dos averiguaciones previas más por los delitos de homicidio y delincuencia organizada.

Tras la detención de Fernando Sánchez, el control del grupo delictivo fue retomado por su mamá, Enedina Arellano Félix, quien ha sido identificada por las autoridades mexicanas como el cerebro financiero de esa organización, que en los años 80 y 90 del siglo pasado llegó a ser considerado uno de los principales cárteles en México.

La aprehensión de Sánchez Arellano obligó a la PGR a realizar exámenes de ADN para confirmar su identidad, ya que el gobierno mexicano solamente contaba con una fotografía que había obtenido desde hace varios años la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés)

La PGR no poseía huellas dactilares, y por esa razón la identidad genética de Sánchez Arellano fue comparada con la de dos de sus tíos, Benjamín y Eduardo Arellano Félix, de quienes ya se habían obtenidos sus registros de ADN, y también se llevaron a cabo peritajes fisonómicos que acreditaron que sus rasgos correspondían a los de la imagen de los archivos criminales.