Cancún, QR, 29 de junio.

Sandra tiene 25 años de edad y se ve agotada. Está por iniciar un nuevo camino con su hijo, de tres años, que no conoce más que insultos y gritos. Su pareja nunca me dejaba salir, ni con mi mamá, pero ese día gritó mucho y me sacó a empujones de su casa. Dijo que ya sabía que yo tenía un amante. Ella fue víctima de violencia familiar y su futuro es incierto.

El secretario de Salud del estado, Juan Ortegón, afirmó que estas agresiones son tan comunes que tuvieron que abrir siete módulos especiales para atender casos en los municipios de Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Playa del Carmen, Bacalar y Benito Juárez.

En el primer semestre han atendido a más de mil pacientes, principalmente con señales de violencia física, pero también sicológica. La cifra de consultas de primera vez llega casi a mil 900, afirmó Ortegón Pacheco.

Según el funcionario, el presupuesto anual destinado a este servicio supera tres millones de pesos.

Sólo en el municipio de Benito Juárez (con cabecera en Cancún), el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM) abrió 265 expedientes por violencia contra mujeres, afirmó Mildred Ávila Vera, delegada de la dependencia en la zona norte.

Agregó que en algunos casos las agresiones han puesto en peligro la vida de las víctimas.

El IQM, explicó, es un organismo estatal que recibe fondos federales y brinda atención sicológica, jurídica y social. Si una mujer acude en busca de ayuda legal, pero no acompaña este proceso con terapia sicológica, es más fácil que regrese al círculo de violencia, agregó.

El IQM cuenta con un refugio cuya ubicación no se revela por razones de seguridad. Allí son llevadas las mujeres que no cuentan con familiares, vecinos o amigos que las auxilien.

Pero romper el ciclo de la violencia es muy difícil. Muchas veces trabajamos con mujeres cuyas vidas corren verdadero peligro y de un momento a otro el marido las convence y regresan a lo mismo, lamenta la funcionaria.

Silvia Carrillo, sicóloga del IQM, comenta: Hay casos en que el marido duerme con un arma bajo la almohada (y la mujer desea huir), pero en el último momento, cuando ya está listo el transporte para conducirla a un refugio seguro con sus hijos, ella se arrepiente y regresa.

La única que puede tomar una decisión es la víctima, y la institución sólo puede elaborar un plan de seguridad que se entrega a cada paciente y contiene tres puntos:

Antes del incidente violento se recomienda identificar el grado de violencia de la pareja, retirar armas y otros objetos peligrosos, además de buscar apoyo de los jefes en caso de que la pareja vaya a buscarla al trabajo.

Durante el incidente, la principal recomendación es escapar, evitar áreas cerradas de la casa como baños, cocina o talleres; evitar zonas donde haya armas; pedir a algún vecino que llame a la policía y enseñar a los hijos a hacer lo mismo; si escapa en auto, asegurar las puertas y no detenerse.

Como preparativos se sugiere guardar dinero en un lugar seguro y de fácil acceso, tener un duplicado de las llaves de casa y auto, tener a la mano documentos legales, ropa, artículos personales y números telefónicos.

La violencia contra las mujeres en el estado va más allá de golpes, insultos y violaciones sexuales, pues llega al asesinato.

Celina Izquierdo, presidenta del Observatorio de la Violencia Social y de Género en Benito Juárez, advierte que en el estado no existe un protocolo para clasificar los feminicidios, que con frecuencia se clasifican como homicidios.

Explica que el feminicidio es un asesinato por motivos de género, y quienes cometen este delito suelen considerar a la mujer un objeto de su propiedad. Sin embargo, el estado carece de un protocolo para enfrentar este ilícito.

Reconocer la falta de este protocolo implicaría destinar recursos a capacitación, prevención y atención, así como desarrollar campañas específicas.

Advirtió que 11 de cada 100 mil decesos de mujeres en Quintana Roo se deben a feminicidios, que han sido clasificados como homicidios o suicidios.

El diputado priísta Mario Machuca afirmó que la pasada legislatura reformó en mayo de 2012 el articulo 100 del Código Penal y de Procedimientos Penales del estado y tipificó el feminicidio como delito grave.

La disposición prevé penas de 25 a 50 años de cárcel y multas de mil a 3 mil 500 días de salarios mínimos a los acusados.

Asimismo sanciona a los servidores públicos que conozcan de este delito y no cumplan sus obligaciones.

Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado en la zona norte indican que durante 2013 se reportaron 14 homicidios de mujeres y este año suman tres. Sin embargo, nadie ha sido acusado de feminicidio.

Entre las causas de muerte destacan estrangulamiento, heridas punzocortantes, traumatismo craneoencefálico y hemorragia.

La semana pasada una mujer de 27 años de edad fue ultimada en su domicilio por un desconocido que le asestó seis puñaladas.