La llegada masiva de proyectos eólicos al sureste de Oaxaca, particularmente en el istmo de Tehuantepec, no ha tenido el efecto esperado en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades locales, aseguraron Sergio Juárez Hernández y Gabriel León, investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

En el estudio Energía eólica en el istmo de Tehuantepec: desarrollo, actores y oposición social, detallan que en los municipios de Juchitán de Zaragoza, Asunción Ixtaltepec y Santo Domingo Ingenio, donde se ha concentrado el desarrollo eólico en la última década, con proyectos en operación o en construcción, esos municipios mantuvieron un grado de marginación medio.

Las localidades La Venta y La Mata conservaron un grado de marginación medio; otras, como La Ventosa y Santo Domingo Ingenio, pasaron de grado marginación medio a alto.

Además, las contraprestaciones son, en general, menores a las ofrecidas en otros países. Explicaron que en el istmo de Tehuantepec, por la reserva de tierras se pagan entre 150 y 200 pesos por hectárea anualmente; por arrendamiento, entre mil 500 y 12 mil pesos por hectárea al año, y de 7 mil 500 a 36 mil pesos anuales por hectárea afectada con caminos y aerogeneradores, mientras las regalías van de 0.025 a 1.53 por ciento de los ingresos brutos.

Según la comparación, en Estados Unidos los pagos anuales por reserva de tierras son de 2 a 10 dólares por acre (media hectárea aproximadamente); de 4 mil a 8 mil dólares por megavatio (mv) instalado y regalías de 3 a 6 por ciento. En España, concretamente en Galicia, el pago por arrendamiento alcanza hasta 3 mil 500 euros por hectárea al año y las regalías promedian 3.5 por ciento. En tanto, en Holanda y Dinamarca éstas se sitúan entre 4 y 10 por ciento.

Es decir, las cuantiosas ganancias, al no verse reflejadas, como se mostró antes, en contraprestaciones atractivas para los dueños de las tierras afectadas por los proyectos, son retenidas prácti- camente por completo por las empresas eólicas. Entre las compa-ñías, en su mayoría transnacionales, figuran Gamesa, Acciona, Gas Natural-Fenosa, Iberdrola, Eolia Renovables de Inversiones, Preneal y Renovalia Energy.

El amplio análisis, difundido por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, revela que otro factor a considerar es el régimen de propiedad predominante en esa porción de Oaxaca.

En el área prevalecen las formas de propiedad social, esto es, ejidos y comunidades agrarias, de tal suerte que lo concerniente a las tierras lo resuelve la asamblea del ejido o comunidad agraria conforme a lo establecido en la Ley Agraria.

Si bien las empresas reconocen que esta forma de propiedad les ofrece ciertas ventajas como la posibilidad de acceder relativamente rápido a grandes extensiones de terreno, también les representa un inconveniente pues se ven obligadas a negociar con comunidades enteras o grupos numerosos de propietarios.

Entre las estrategias de las empresas para sortear esta dificultad está recurrir al presidente del comisariado ejidal o de bienes comunales para que realice labores de convencimiento entre los pobladores aprovechando la fuerte influencia que ejercen en sus comunidades.

La colaboración de estas autoridades locales con las empresas llega a ser tan estrecha que a menudo se cuestiona su fidelidad a los intereses de las comunidades que representan. Lo mismo se dice de funcionarios municipales y estatales responsables, entre otras tareas, de autorizar y otorgar permisos para la construcción de las centrales. Se advierte igualmente que las empresas fraguan asambleas comunales a su conveniencia para acelerar la definición y firma de los contratos de arrendamiento de tierras.

Además, las empresas no revelan cuestiones claves como el precio al que venderán la electricidad y los términos en que será distribuida, limitando así las posibilidades de los dueños de las tierras de negociar una repartición más equitativa de las ganancias .

A ello se añade que ninguna instancia gubernamental participa en la difusión de información entre la población.

En contraste, las empresas eólicas disponen de estudios técnicos y económicos detallados para la toma de decisiones, y esta asimetría de información es un ingrediente que contribuye a la rispidez entre pobladores y empresas.