n juzgado de distrito de Uruapan, Michoacán, ordenó a las autoridades penitenciarias del Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, proporcionar de inmediato a José Manuel Mireles los alimentos y bebidas necesarios para mantener bajo control la diabetes que padece; proporcionar al detenido la atención médica que requiere, y que las autoridades del penal dejen de obstaculizar las entrevistas entre Mireles y sus abogados defensores. La misma instancia jurisdiccional tomó conocimiento de los matratos y humillaciones inflingidos al acusado. En tanto, otro juzgado de amparo analiza la legalidad o ilegalidad del traslado del médico de Tepalcatepec a un centro de reclusión alejado de Michoacán, donde fue capturado y donde habría cometido los delitos que le atribuye la Procuraduría General de la República.

Mientras en diversos sectores de la sociedad se extiende la impresión de que el líder de autodefensas fue capturado con prácticas corruptas y mañosas –la expresión es del padre Alejandro Solalinde– como la siembra de armas y drogas, hay el dato cierto de que las autoridades federales han incurrido en claras violaciones a los derechos humanos de Mireles, al someterlo desde el inicio de su detención a mofas, presiones sicológicas y atropellos inadmisibles, el más grave de los cuales ha sido mantenerlo privado de los medicamentos que necesita –lo que pone en riesgo la vida del acusado– desde el viernes pasado, día de su arresto en la localidad michoacana La Mira.

Más aún, incluso si no fuera cierto que las autoridades sembraron pruebas para inculparlo, su detención constituyó una aplicación discrecional, arbitraria e injusta de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, normativa que fue suspendida de hecho en Michoacán por el comisionado Alfredo Castillo, y cuya vigencia está en entredicho, por decir lo menos, en un entorno social en el que proliferan a la vista de todo mundo tanto los delincuentes armados como los ciudadanos honestos que se procuran, organizadamente o no, de armas cortas y largas para defender su vida y sus bienes.

Independientemente de la apreciación que se tenga del médico michoacano, del movimiento en el que participa y de las diferencias que han surgido con grupos similares y con los gobiernos estatal y federal, los encargados de hacer cumplir las leyes han incurrido en una pública exhibición de abusos y en una violación de las garantías individuales de un ciudadano.

No se trata, ciertamente, de un ciudadano cualquiera, sino de un hombre que se encuentra en un promontorio de visibilidad. Y si los gobernantes se permiten actuar con él como lo han hecho, cabe preguntarse qué pueden las personas anónimas esperar de las corporaciones policiales y militares y de las instancias encargadas de procurar justicia. La respuesta es alarmante y exasperante.

Un verdadero estado de derecho debe empezar por respetar y hacer cumplir los derechos humanos de todas las personas, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, de la notoriedad de su vida pública e incluso de su circunstancia jurídica, es decir, al margen de si se trata de presuntos inocentes –como lo son todas, en principio– o de criminales confesos y sentenciados. De otra manera, el marco legal sucumbe a la discrecionalidad, el atropello y la inoperancia, como pudo constatarlo el país, con una cuota incuantificable de sufrimiento, destrucción y dolor, durante el sexenio pasado.

Finalmente, no puede dejar de percibirse en el trato del gobierno federal hacia Mireles un ensañamiento y un espíritu vengativo y de escarmiento, y ello resulta incompatible con la serenidad y hasta con la seriedad que cabe reclamar a quienes se encuentran en posiciones de mando en la administración pública. Por el bien de la legalidad, por la integridad del acusado y hasta por la imagen pública de la actual administración, se han de deponer tales actitudes. El gobierno debe limitarse a respetar escrupulosamente los derechos de éste y de otros imputados y de garantizarles un juicio apegado a derecho.