o es frecuente, ni mucho menos, que escriba mi artículo bisemanal un día para enviarlo cuatro después, pero mañana me voy de vacaciones a Cancún y no tengo muchas ganas de hacerlo allí, enviarlo al despacho vía computadora, previa lectura de los diarios, y con ello interrumpir mi descanso.
El problema es el tema. Sin embargo, no faltan. Seguimos con el horroroso ambiente de inseguridad; con las bandas formadas por ciudadanos que no confían –con toda la razón– en el orden público, lo que de hecho transforma al país en un mundo de desorden, secuestros y asaltos, con renuncias sospechosas de gobernadores y unas autoridades que olvidan sus deberes.
En rigor se trata de un estado de derecho sin derecho alguno. Claro está que subsisten las obligaciones fiscales y las autoridades administrativas, pero en algunas regiones –Michoacán de manera especial– el poder real está en manos de los pobladores que, armados, establecen las reglas del juego sustituyendo a quienes detentan formalmente el poder, pero no lo ejercen.
En rigor se trata de un estado anárquico en el que cada quien hace lo que le da la gana. Con ello el deber principal de las autoridades se disuelve en una pretendida intención de mantener la paz, lo que evidentemente no se logra, así se reúnan las fuerzas públicas, federales y locales, tal vez de manera aparatosa pero sustancialmente ineficaz. Poblaciones pequeñas pierden el control de lo que pasa y los intentos de represión son tan ineficaces como por el contrario son eficaces las acciones violentas de las bandas de traficantes, que con aparente facilidad exportan hacia Estados Unidos la droga que cultivan y venden.
El problema se complica mucho más actualmente con la emigración de menores que viajan solos, tal vez en busca de algún pariente que se fue con buenos resultados a Estados Unidos, y ahora sus autoridades migratorias pretenden devolverlos a México masivamente, lo que probablemente no consigan hacerlo de manera eficaz. Con el agravante de que no se trata solamente de mexicanos, sino también de menores centroamericanos, que pasan sin problemas nuestra frontera del sur, sin que se advierta alguna medida de control de esa emigración, que no es nuestra, pero como si lo fuera.
Es evidente que detrás de todo está la crisis económica de nuestro país, incapaz de crear empleos suficientes, a lo que contribuye, sin la menor duda, la más reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, producto del gobierno del PAN, que ha borrado el principio fundamental de la estabilidad en el empleo y abierto una puerta muy ancha a los contratos temporales, a prueba o a través de las llamadas empresas outsourcing, viles intermediarias inventadas, de acuerdo con la ley, para eliminar responsabilidades laborales.
Pasamos, sin la menor duda, por un mal momento. El problema es encontrar la solución. No me parece que derivará de esta preocupación de moda por reglamentar las perniciosas reformas constitucionales.
Confío en que Cancún me devuelva la imaginación para descubrir un mecanismo de remedio eficaz. Ciertamente lo dudo, porque evidentemente que no están los tiempos para que una nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo mejore el empleo y elimine las nefastas consecuencias de su disminución.
