Pese a cumplir con los requisitos legales para obtener su registro, muchas iglesias cristianas evangélicas no son reconocidas por el gobierno federal debido a una actitud de intolerancia religiosa impulsada por varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), denunció el presidente de la Barra Nacional de Abogados Cristianos, Alfonso Farrera.

Según el denunciante, esta actuación discriminatoria de las autoridades se acentuó desde el tiempo en que Pablo Thor Ortega fungía como director general de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos en la SG, quien negó gran cantidad de peticiones por conducto de Diana Barrera Vázquez, quien hasta la fecha es titular de la unidad de registro y certificaciones de dicha dirección.

“Después de que esta dirección normalmente otorgaba unos 500 registros cada seis meses –80 por ciento de iglesias evangélicas y el resto de católicas–, este director y su grupo dijeron ‘¿por qué tantos registros de templos y pastores?’, y ahora sólo conceden 50”, manifestó Farrera. La razón de esta actitud, consideró, es que los evangélicos cada día crecemos más y los católicos se estancaron. Quieren ocultar que el catolicismo va para abajo tremendamente; no veo otra razón para que actúen así.

Prueba de ello, indicó, es que la SG informó que de los 70 mil ministros de culto registrados en el país, al menos 40 mil son pastores cristianos evangélicos, dato que impactó a las autoridades y las llevó a poner trabas a estos grupos.

Cuando llegaba a pedir un registro, me encontraba con la Inquisición: los encargados retorcían el código de procedimientos para ponernos obstáculos y decirnos con pretextos absurdos que no nos podían inscribir, lo cual es un acto de intolerancia y discriminación. Lo que debería ser simple trámite ellos lo vuelven litigio, deploró.

Dominio del tema

Pese a que la Dirección General de Asociaciones Religiosas ya no está encabezada por Ortega, sino por Arturo Manuel Díaz León, este servidor público no tiene el dominio del tema ni la capacidad para ocupar su cargo y, por tanto, Diana Barrera sigue frenando las solicitudes de registro de las iglesias cristianas, en venganza porque hemos pedido muchas veces su renuncia, dijo.

Por ello Farrera interpuso el 21 de junio de 2013 una queja ante la décima sala regional metropolitana contra dicha funcionaria y ha pedido reunirse con la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Paloma Guillén, sin haber recibido respuesta hasta ahora.