En su traspatio, como jornaleras, empleadas, pescadoras y recolectoras, las mujeres rurales son responsables de más de la mitad de la producción de alimentos, preservan la biodiversidad y garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria. A cambio, su situación es de pobreza, marginación y, en general, están en peores condiciones que los hombres en términos de acceso a recursos y remuneraciones.

En México, esta situación se expresa así: las mujeres campesinas laboran 89 horas a la semana, 31 más que los hombres, y sólo 22.4 por ciento de ellas tienen la titularidad de la tierra.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) exponen el estado de desigualdad de las trabajadoras agrícolas por cuenta propia o asalariadas, no obstante su responsabilidad en la generación de más de la mitad de la producción de alimentos.

En un estudio publicado en junio, esta organización ubica la brecha de género en el campo como costo real para la sociedad en términos de producción agrícola, seguridad alimentaria y crecimiento económico. Si las productoras agrícolas tuvieran las mismas condiciones que los hombres, sería posible alimentar a 150 millones más en el mundo.

Y documenta: 54 por ciento de las trabajadoras del campo en América Latina y el Caribe están por debajo de la línea de pobreza; representan 20 por ciento de la fuerza laboral agrícola en la región, mientras a escala mundial, las mujeres constituyen 43 por ciento de quienes se ocupan en este sector en los países en desarrollo.

También en América Latina y el Caribe, 58 millones de mujeres vivían en zonas rurales en 2010, mientras en 1990 lo hacían 61. 6 millones. Del total actual, 17 millones forman parte de la población económicamente activa y 4.5 millones son productoras agrícolas.

Más de la mitad de las mujeres rurales se dedican a empleos no agrícolas y 40 por ciento de las mayores de 15 años no tienen ingresos propios “y, sin embargo, trabajan a diario y mucho’’.

Frente a tal panorama, para la FAO es urgente la adecuación de políticas, programas y proyectos que consideren adecuadamente las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres.

Esto, entre otras razones, porque en América Latina y el Caribe entre 8 y 30 por ciento de las explotaciones agropecuarias están a cargo de una mujer. Está aumentando y cobra cada día mayor importancia para la autonomía económica de las mujeres, la seguridad alimentaria y el bienestar de la sociedad.