El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, advirtió que quien cumpla con sus obligaciones fiscales contará con facilidades, pero para quien intente evadirlas habrá un ejercicio pleno y firme de las facultades que concede la legislación a la autoridad en la materia para hacerlas valer.

El funcionario informó que hay 4.2 millones de contribuyentes dentro del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), que hasta el año pasado integraron el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), quienes tienen hasta el 31 de julio para presentar la declaración fiscal correspondiente al primer bimestre de 2014. Respecto a las empresas actualmente bajo auditorías, afirmó que el SAT ejercerá sus facultades de comprobación, apegado al Código Fiscal de la Federación, pero platicará con los órganos empresariales y sus representantes para evitar excesos y resolver rápido los procesos.

Aseguró que el SAT estaba al tanto de la investigación del Poder Judicial sobre el tráfico de automóviles en el que estarían involucrados funcionarios de este organismo, y apuntó que el órgano interno de control revisa varios casos. Abordado al término de la presentación de los primeros resultados de los acuerdos conclusivos, Aristóteles Núñez adelantó que varios de los presuntos implicados en el trasiego de vehículos se han retirado del organismo y otros más son investigados.

El jefe del SAT, y Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría del Contribuyente (Prodecon), presentaron en conferencia de prensa los primeros resultados de los acuerdos conclusivos, una figura jurídica introducida en la reforma fiscal vigente a partir de este año, que permite resolver en no más de 50 días naturales diferendos de contribuyentes sobre hechos u omisiones detectadas por la autoridad en los procedimientos de auditoría.

Diana Bernal informó que en los primeros seis meses de aplicación de esta figura se presentaron 321 solicitudes, en las cuales la autoridad realizó observaciones sobre ingresos y gastos de los contribuyentes auditados por 40 mil millones de pesos, que constituye la base sobre la que se aplicaría la tasa impositiva.

Aristóteles Núñez precisó que la mayoría de los casos de solicitud de acuerdo conclusivo tratan sobre ingresos con duplicidades para el cálculo del impuesto sobre la renta (ISR) y de gastos improcedentes para la deducibilidad para el pago del mismo. Hay pequeños y medianos contribuyentes, pero hay cuatro grandes en los que se alcanzó acuerdo por 3 mil 300 millones de pesos, y uno más por mil 800.

Al 30 de junio, 264 solicitudes de acuerdos conclusivos, es decir, 82 por ciento del total, se encontraban en trámite y 57 lo concluyeron. De estos últimos se alcanzó un acuerdo en 43 casos, lo que representa una eficacia de 75 por ciento, señaló la procurtadora del contribuyente.

En tanto, el jefe del SAT exhortó a los contribuyentes sujetos a auditoría fiscal que consideren erróneas las observaciones de la autoridad fiscal a invocar la figura de los acuerdos conclusivos para evitar la contingencia fiscal.

Los acuerdos conclusivos, explicó Diana Bernal, sirven tanto a la autoridad recaudatoria como al pagador de impuestos, ya que evitan tener que agotar no sólo el procedimiento de auditoría y su consecuente determinación del adeudo fiscal, sino los recursos y juicios que el contribuyente tendría que promover en caso de no estar de acuerdo con el adeudo liquidado.

A su vez, Núñez Sánchez precisó que la duración en promedio para llegar a un acuerdo conclusivo en los primeros seis meses de aplicación de esta figura ha sido de 50 días hábiles, desde que se presentó la solicitud hasta que se alcanzó acuerdo entre el contribuyente y la autoridad fiscal ante la presencia de la Prodecon. El acuerdo conclusivo es para evitar un juicio que se lleva de cinco a seis años de contingencia fiscal, sostuvo el jefe del SAT.

Hasta ahora, puntualizó, hay 148 mil créditos controvertidos que se dirimen en tribunales por un monto de 310 mil millones de pesos. En tanto, el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, Manuel Hallivis Pelayo, invitado a la conferencia de prensa, indicó que la cantidad involucrada en juicios por interés controvertido es de 536 mil millones de pesos.