A un año de que fue presentada la demanda colectiva contra la siembra de maíz transgénico y que se obtuvo la suspensión, las diversas agrupaciones del colectivo Sin Maíz no hay País asentaron que a pesar de que dicha acción ha sido objeto de 68 impugnaciones y 16 juicios de amparo, promovidos por las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Monsanto, Pioneer, Syngenta y AgroSciences, no se han presentado pruebas que contradigan la tesis del riesgo de afectación a la diversidad de maíces nativos por el grano genéticamente modificado.

En el breve informe que presentó Adelita San Vicente Tello, representante común del colectivo, ante el juzgado federal 12 de distrito en materia civil en el Distrito Federal como establece el artículo 602 del Código Federal de Procedimientos Civiles, especificó que la citada demanda está en la etapa de apelación. La demanda colectiva tiene como objetivo que la autoridad judicial declare que la siembra de maíz transgénico y su liberación comercial daña el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos de las actuales y futuras generaciones, así como el derecho a la alimentación, salud y los derechos de los pueblos originarios de ser consultados.

El 5 de julio del año pasado, 53 personas físicas y morales –campesinos, apicultores, investigadores, académicos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, consumidores, representantes de organizaciones civiles– interpusieron una demanda contra la siembra de maíz OGM (organismos genéticamente modificados); en septiembre el citado juzgado 12 en materia civil emitió una medida precautoria ordenando a Sagarpa y Semarnat abstenerse de otorgar permisos de liberación del grano transgénico.

El tribunal quinto colegiado en materia civil del primer circuito y el segundo tribunal unitario en materia civil y administrativa del primer circuito resolvieron que la posibilidad de violentar el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos o criollos es razón legal suficiente para mantener detenida la siembra del maíz OGM durante los trámites del juicio colectivo, abundó San Vicente Tello.

Destacó que la suspensión judicial debe permanecer todo el juicio, pues la afectación que causarán los transgénicos al derecho humano y a la biodiversidad es irreversible.

“Estamos en una lucha ante cinco tribunales y algunos de los jueces han dicho cosas relevantes, entre ellas que el derecho de la sociedad está por encima del derecho de las empresas.

Queremos que el tema se discuta a fondo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues cada día hay mayor información científica en torno al daño que provocan los organismos genéticamente modificados.

La batalla es larga, el juicio no ha iniciado, pero mantenemos la esperanza de que en el país prevalezca la justicia y que las discusiones sean con argumentos científicos.

Por lo pronto, comentó por vía telefónica, el colectivo está en la campaña de recabar un millón de firmas de la sociedad en contra de la siembra de maíz transgénico y detener la presión que ejercen Monsanto y otras empresas, con campañas engañosas, para que los campesinos crean que hay semillas mágicas que son resistentes a sequías, que no necesitan agroquímicos, que tienen altos rendimientos y además que son muy baratas.