Ciudad Victoria, Tamps., 8 de julio.

Casi dos meses después de la muerte de Héctor Alejandro Méndez Ramírez a causa de los golpes que le propinaron compañeros en la secundaria general número 7 de esta capital, los profesores implicados obtuvieron un amparo de la justicia federal para no ser detenidos, y los cuatro estudiantes de primer año involucratdos en los hechos están sujetos a proceso penal en un juzgado para menores.

Uno obtuvo un amparo porque sus familiares consideraron inapropiadas las medidas preventivas dictadas por el juez; los otros tres también se inconformaron, pero sus quejas no prosperaron.

Héctor Alejandro murió en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria el 20 de mayo, por lesiones cerebrales derivadas de un golpe que recibió el día 14 de ese mes, cuando cuatro de sus compañeros lo sujetaron de pies y manos y lo lanzaron al aire.

El ciclo escolar está por concluir y la Secretaría de Educación estatal, por conducto del subsecretario de Educación Básica, Jorge López Tijerina, afirmó que los muchachos no regresarán a la escuela donde ocurrieron los hechos.

Estamos viendo la manera de que concluyan y aprueben el ciclo escolar, pero definitivamente no podrán inscribirse en otro plantel del mismo nivel. En todo caso se buscará como alternativa el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, señaló.

Familiares de los alumnos se han quejado de que el juez José Antonio Rodríguez Grajeda, titular del juzgado para adolescentes, ordenó como medida preventiva que los menores recibieran acompañamiento sicológico en el centro para prevenir adicciones Nueva Vida, y de manera paralela en el Consejo Tutelar para Menores, que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública.

El tutelar es una cárcel para adolescentes, con cercas de seis metros de altura rematadas con alambrado y, como custodios, 15 soldados. Se halla a 22 kilómetros de esta capital, en la carretera Victoria-Matamoros, en la cabecera del municipio de Güémez.

Rodríguez Grajeda dio a conocer que la familia de un estudiante implicado obtuvo la suspensión en vía de amparo en un juzgado de distrito de Ciudad Victoria, y por eso siguen las instrucciones de un juez federal. Aseguró que en Tamaulipas la procuración y administración de la justicia están a la vanguardia, porque hay policías y agentes del Ministerio Público especializados, además de seis juzgados para adolescentes.

El juzgador ordenó a los menores someterse en el tutelar a evaluaciones de sicología, pedagogía, trabajo social y atención médica en general. Además, reciben terapia acompañados de un familiar. Según Maribel García Barrientos, subdirectora del tutelar, éste es el primer caso de adolescentes atendidos en ese lugar sin estar internados.

Según José Antonio Rodríguez, Tamaulipas cuenta con infraestructura y programas para acompañar en su desarrollo a los adolescentes implicados en la muerte de Héctor Alejandro. Agregó que el proceso continúa en el juzgado a su cargo y podrá resolverse en agosto mediante un juicio oral.

Sin embargo, Mario Alberto Gómez Gómez, abogado de Denisse Soire Serna Muñiz, la maestra del grupo en el cual ocurrieron los hechos, aseguró que durante el proceso contra los profesores y los adolescentes ha habido irregularidades, como la integración de la averiguación en menos de 48 horas.

Los cuatro menores no fueron preparados para declarar ante el Ministerio Público, como estipula una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino fueron interrogados como adultos, en sitios inapropiados. Basta ver las condiciones del centro tutelar para menores, se quejó el litigante.

Agregó que si bien no lleva la causa de los menores, es relevante para su cliente lo que éstos declaren, pues uno de ellos dijo que en más de una ocasión la profesora les sugirió que arrojaran a Héctor Alejandro. Esta afirmación fue obtenida por el Ministerio Público mediante un interrogatorio dirigido, no de una declaración voluntaria.

De acuerdo con juristas consultados, el Estado actuó con premura en el análisis de las causas por las que Héctor Alejandro murió y en el procedimiento instaurado contra los cuatro estudiantes y su profesora; asimismo hay indicios de negligencia médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, que recibió al menor cuando sufrió la lesión.

De igual manera, consideraron que las autoridades de salud y educativas habrían presionado a la familia para que donara los órganos del menor cuando éste presentaba muerte cerebral, a pesar de que se conocen casos en que los pacientes han salido de estados de coma prolongados.