Washington, 8 de julio.

El presidente de Estados Unidos solicitó este martes al Congreso un fondo especial por 3 mil 700 millones de dólares para responder a la situación provocada por la llegada masiva de niños migrantes que viajan solos, mientras espera que los legisladores aumenten las facultades del gobierno para deportar a los menores que crucen la frontera sin documentos.

El dinero pedido –bajo el concepto de gastos de emergencia– se destinará a financiar el aumento de centros de detención, mejorar el cuidado y transporte de niños no acompañados, ayudar a acelerar la deportación de adultos con infantes, incrementar la capacidad de las cortes de migración y fortalecer el combate a la redes de contrabando de indocumentados.

De la misma manera, ayudar a incrementar las operaciones de vigilancia en la frontera sur y apoyar a los países centroamericanos a buscar iniciativas para atacar las causas del creciente flujo migratorio, explicó la Casa Blanca.

Funcionarios expresaron que, de los 3 mil 700 millones de dólares, mil 800 millones irán al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que brinde cuidados adecuados a los menores mientras permanecen en custodia; unos mil 500 millones se destinarán al Departamento de Seguridad Interior para pagar el transporte de los niños hacia sus países de origen; ampliar las investigaciones sobre las pandillas que tramitan los traslados ilegales, y el pago por la detención y deportación de adultos indocumentados que viajan con menores.

El Departamento de Justicia recibiría unos 65 millones de dólares para contratar a unos 40 jueces especializados en migración, que agilicen los procesos de deportación, y 300 millones adicionales para el Departamento de Estado y programas internacionales, con el objetivo de ayudar a los gobiernos de la región a controlar mejor sus fronteras y reintegrar a los migrantes cuando vuelvan a sus naciones.

Estados Unidos ha visto un aumento en la cantidad de centroamericanos que llegan al país, en particular de niños que viajan solos. Más de 52 mil han sido detenidos desde octubre. La mayoría dicen que están huyendo de la violencia de las pandillas y de la pobreza extrema.

En el marco de las acciones de la administración Obama, la Casa Blanca presentó la semana pasada al Congreso una solicitud para incrementar la autoridad del gobierno para deportar menores que crucen la frontera y acelerar el proceso, con el fin de enfrentar la crisis humana.

Lo que se busca es aliviar el cuello de botella en las cortes de migración, agravado por los recientes flujos, confiados en que la mayoría de esos niños no tienen la oportunidad de obtener el asilo que buscan, señaló Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca.

La acumulación de casos en los 59 tribunales de migración ha provocado una saturación en el sistema de deportaciones, ya que los 260 jueces que hay en el país no se dan abasto para atender los más de 300 mil casos pendientes, a los que se suman los recientes de infantes.

Por lo pronto, activistas de la organización Carecen, que ofrece ayuda legal a los migrantes, visitaron hoy a menores indocumentados en la base naval de Ventura, en California, para verificar las condiciones en que se encuentran antes de ser deportados.

Se han esforzado por crear un ambiente positivo para los niños, dijo Martha Arévalo, directora de Carecen, quien organizó una caravana de grupos humanitarios para visitar a los infantes.

Los menores están bien cuidados, contentos y recibiendo servicios, como actividades recreativas y deportivas, así como clases de inglés, manifestó a su vez el obispo Juan Carlos Méndez, una de las 15 personas, entre activistas, legisladores, funcionarios municipales y filántropos, que visitaron la instalación militar.

El alcalde de Murrieta, California, Alan Long, consideró que reforzar la vigilancia en la frontera sur para afrontar la situación de los niños sería una solución temporal. Lo que se requiere, resaltó, es una reforma en la materia.

La semana pasada decenas de personas bloquearon el paso a un convoy de autobuses que transportaba niños migrantes a una estación de la Patrulla Fronteriza que funcionaría como centro de procesamiento. Long dijo al canal CNN que al menos 70 por ciento de manifestantes no eran residentes de su comunidad, y que ello mostraba que hay un debate nacional sobre el tema.

En Costa Rica, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) está presionando para que se les brinde el estatus de refugiados a los centroamericanos que huyen a Estados Unidos por la conflictiva situación en sus países.