l gobierno español –emanado del Partido Popular (PP)– acaba de lanzar una propuesta para rebajar el impuesto sobre la renta a personas y sociedades. Tiene la mira puesta, claro está, en las urnas venideras de 2015 y no en el bienestar de los ciudadanos. Sabe que las tendencias de opinión le son, desde hace ya tiempo, crecientemente desfavorables. Las recientes elecciones al parlamento europeo le dieron temible susto, pues su partido perdió gran número de simpatizantes aunque afectaron mayormente al PSOE, con el que forman indisoluble pareja conservadora. Juntos han apoyado todas y cada una de las drásticas medidas de austeridad y, con cinismo inocultable, le han dado ventajas al gran capital. La consecuencia de tales medidas es el notorio aumento de la pobreza y la desigualdad en ese país.
Las rebajas fiscales son, para cada caso particular, relativamente pequeñas. En conjunto la pérdida de ingresos para la hacienda pública sumará alrededor de 9 mil 500 millones de euros. Poco, sin embargo, será percibido en el bolsillo de los contribuyentes, y menos aún empujará el crecimiento económico, dado su escaso peso en el PIB. La mayoría de las devoluciones serán, con cierta seguridad, empleadas en saldar deudas contraídas con anterioridad por una sociedad ya muy endeudada o para acolchonar perjuicios adicionales que les pudieran sobrevenir.
El tándem formado por los partidos (PP y PSOE) no pudo lograr, por vez primera desde iniciada la transición, la mayoría en el comentado parlamento. Un partido, inexistente hasta hace poco tiempo (Podemos), acaparó la atención del electorado, en especial de esa diversa pero numerosa porción de afectados por la crisis que han generado las medidas privatizadoras y los recortes en empleo e inversión social. Su líder más visible, un académico cargado a la izquierda y con cierto acceso a medios (Pablo Iglesias) es, por ahora, el personaje estelar del momento. Las reacciones de la llamada casta (oficialismo) y la plutocracia no se han hecho esperar. Con rijosidad inocultable lo atacan desde muy diversos ángulos cargados hacia su persona e ideología. Pero las encuestas, levantadas después de las votaciones, revelan inusitado incremento en las simpatías por Podemos que bien pudieran duplicar, o más todavía, el número de sus electores futuros. De ahí brota la emergencia entrevista en las venideras urnas. La quieren paliar a billetazos y no escatiman los fondos públicos para tal fin.
La medida del gobierno, sin embargo, persigue objetivos por ahora semiocultos. Una vez usados los descuentos como mitigadores del entrevisto castigo de los votantes españoles, el agujero en las finanzas públicas –ya muy deterioradas por la crisis de austeridad, la recesión y los recortes– requerirán de urgente relleno para reponer ingresos perdidos. Tan pronto pasen las elecciones y para salvar la emergencia de ingresos se visualizan varios cursos de acción: mayores recortes al gasto social o venta de bienes colectivos por un lado, o incremento en el IVA. Ambas vertientes muy gratas a la tecnocracia política neoliberal. Ambas, también, medidas que incidirán, con precisión garantizada, en la desigualdad.
En México, los preparativos cupulares para enfrentar 2015 corren por canales diversos, pero, a pesar de las diferencias con el caso español, confluyen en similares preocupaciones y expectativas adversas. El priísmo presiente su precaria situación de cara al votante. Los dos primeros años de la actual administración conformarán un preámbulo por demás negativo para sus pretensiones de continuidad. El esperado crecimiento económico se niega a surgir siquiera a un mediocre nivel. La inversión social sigue, como siempre, muy escasa en porcentajes, menos de la mitad del promedio del gasto que se registra en los países de la OCDE. En Salud sólo se alcanza 3 por ciento del PIB, cuando debía ser 6 por ciento. La pobreza, en tiempos cercanos a las elecciones, se acercará a los 4 millones de pobres adicionales. Los ingresos (salarios) continuarán a la baja, y su proporción respecto del capital caerá un tanto más abajo de 29 por ciento del total. Los previsibles efectos de las recientes reformas legislativas (laboral, fiscal, educativa) causarán mayores desbalances en las oportunidades populares agrandando las desigualdades que caerán en un verdadero laberinto. La reforma energética, tal como está diseñada y una vez que se logre aprobar por el Congreso, favorecerá el reparto de la renta petrolera entre el empresariado de calado y algo adicional se les untará a los traficantes de influencias. La imagen del Ejecutivo, junto con sus logros reformistas, no estimula, como se pretende de manera desesperada, las simpatías populares. Por el contrario, son motivo de alarma entre los estrategas electorales, muy a pesar de las notorias debilidades de la oposición.
Los preparativos del oficialismo para enfrentar –en 2015– el oscuro panorama que amenaza al priísmo se conducen con premura patrimonialista y celo partidario. La cobertura que desde la misma Presidencia de la República se da a las televisoras para que conserven, y aun agranden sus privilegios es parte medular de la estrategia del oficialismo. Sin estas muletas, sus notorias discapacidades les impedirían conservar el poder.
