Washington, 9 de julio.

Un grupo de organizaciones pro inmigrantes y pro libertades civiles presentó hoy una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos por no garantizar la asistencia legal gratuita a los niños que se encuentran en procesos de deportación, mientras la administración del presidente Barack Obama reconoció los esfuerzos del gobierno de México por mitigar la crisis generada por el creciente flujo de menores inmigrantes que viajan solos desde Centroamérica.

La demanda fue presentada en un juzgado en Seattle en nombre de miles de niños por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Consejo de Inmigración Americana, el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noreoeste, el Consejo Público y el bufete de abogados K&L Gates.

En la demanda se incluyen los casos de niños de entre 10 y 17 años procedentes de El Salvador, Guatemala, México y Honduras que tienen una cita pendiente con el juez de inmigración para que éste determine si deben o no ser deportados a sus países de origen.

No tienen ningún tipo de asistencia legal y corren el riesgo de ser enviados a sus países, de vuelta a las circunstancias peligrosas que abandonaron, explicaron estos grupos.

Funcionarios del gobierno señalaron ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado que las decenas de miles de menores centroamericanos que ingresan solos a Estados Unidos y sin documentos han sobrepasado la capacidad del gobierno para responder.

Al hacer un exhorto para que se apruebe la solicitud del presidente Obama de un fondo de emergencia por 3 mil 700 millones de dólares ante la crisis migratoria, Gil Kerlikowske, comisionado de Protección de Aduanas y Fronteras, dijo que el número de niños recogidos desde octubre llegó el primero de julio a 57 mil, en comparación con los 52 mil de mediados de junio.

Durante la audiencia con el comité, funcionarios del Departamento de Estado reconocieron los esfuerzos del gobierno de México para mitigar la crisis generada por el creciente e incesante flujo de menores inmigrantes y explicaron que las recientes acciones anunciadas por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto mediante el programa Frontera Sur contribuirán a los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a las bandas criminales de traficantes de personas.

César Suchite, con su hija Cathleen, de 8 años, después de la ceremonia donde fue naturalizado como ciudadano de Estados Unidos en una ceremonia realizada en Nueva YorkFoto Ap

En Guatemala, donde concluyó hoy una visita, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos Jeh Johnson afirmó que continuará la deportación de niños centroamericanos, luego de que el canciller guatemalteco Fernando Carrera afirmara que Washington suspendería temporalmente las repatriaciones mientras se negocia una solución a la crisis humana.

Nos vamos a regir por las leyes vigentes de Estados Unidos, que indican que las personas detenidas por la Patrulla Fronteriza al intentar ingresar sin documentos serán retiradas o devueltas, independientemente de su edad, afirmó en rueda de prensa conjunta con el ministro guatemalteco de Gobernación, Mauricio López, y del secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio.

Durante la visita, Johnson también firmó con López un memorando de cooperación para mejorar el control migratorio, seguridad fronteriza e intercambio de información.

Por su parte, el presidente estadunidense Barack Obama dijo estar abierto a todas las sugerencias de uno de sus más duros críticos, el gobernador republicano de Texas, Rick Perry, para enfrentar la llegada de menores indocumentados no acompañados al país, incluso enviar la Guardia Nacional a la frontera con México. Tras una reunión con Perry y líderes religiosos en Dallas, el mandatario también reiteró su presión al Congreso estadunidense para aprobar fondos adicionales por 3 mil 700 millones de dólares para combatir la crisis humana.

En este contexto, Rubén Juárez, un mexicano de 25 años, demandó hoy a la aseguradora Northwestern Mutual Life por no contratarlo en 2013 a pesar de que contaba con un número de seguridad social y un permiso de trabajo otorgado por el programa de ayuda a jóvenes inmigrantes que implementó el presidente Obama, conocido como DACA.