or más ocupados que estén en aprobar al vapor todas las reformas estructurales enviadas por el Ejecutivo Federal, los senadores y diputados no pueden ignorar la inconstitucional e irregular condición que guarda la prestación del servicio público eléctrico en el Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, como resultado de un ilegal comodato que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) otorgó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Estos son los hechos.
Mediante un operativo armado, que comenzó la noche del sábado 10 de octubre de 2009, que involucró a varios miles de miembros de la policía y el Ejército, el gobierno de Felipe Calderón comenzó el golpe contra el SME y su contrato colectivo de trabajo, para allanar el proceso de privatización eléctrica. Primero golpearon y después buscaron legalizarlo mediante el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, publicado el domingo 11 de octubre de 2009; entró en vigor ese mismo día. Sin embargo, para eludir la obligación del patrón sustituto que irremediablemente correspondía a CFE, a los 00.25 minutos de ese mismo día el SAE entregó en comodato a CFE todos los bienes de LFC afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica.
Ese primer comodato, en el cual ni siquiera se especificaron los bienes de LFC, fue ratificado el 10 de agosto de 2010 y se consideraron 15 plantas de generación hidroeléctrica; cuatro termoeléctricas, entre ellas la planta Jorge Luque, que se encuentra convertida en chatarra y 14 de generación distribuida; 260 líneas de transmisión de 400, 230, 115 y 85 KVA, cables de potencia de 230 y 85 KVA, con una extensión de más de 3 mil kilómetros; 229 subestaciones eléctricas de importancia estratégica para la región central del país; mil 189 kilómetros de líneas de distribución en donde se encuentra la codiciada fibra óptica y 593 inmuebles ubicados en el DF, Hidalgo, estado de México, Puebla y Morelos, además de un número no precisado de vehículos, equipos de transporte, mobiliario, materiales, subestaciones móviles, plantas de emergencia, bases de datos del sistema de facturación, comercialización, transmisión, control, distribución; todo ello sin precisar y sujeto al saqueo indiscriminado.
El valor de la propiedad de LFC, conforme a su último estado financiero de 2008, ascendió a 148 mil 984 millones de pesos; de los cuales a las plantas de generación correspondieron 13 mil 799 millones de pesos; a las subestaciones eléctricas 32 mil 165 millones; a líneas de transmisión 10 mil 025 millones; a redes de distribución 78 mil 975 millones, y a oficinas y servicios 14 mil 018 millones; pero si agregáramos las obras en proceso al momento del decreto de extinción de LFC la suma ascendería a 166 mil 871 millones de pesos. Lo curioso del caso, y que por supuesto amerita una rigurosa auditoría, consiste en que la Secretaría de Energía, en su libro blanco de octubre de 2012, sólo reconoce un valor patrimonial a LFC por 106 mil 950 millones. ¡¿Dónde quedaron los 59 mil 921 millones de pesos que faltan?!
Como se ha documentado, el ilegal comodato de CFE sobre los bienes de LFC sólo ha generado un pésimo servicio en la región central del país y un enorme agujero de corrupción que debe ser investigado y sancionado. Durante más de cuatro años y nueve meses del ilegal comodato de CFE, los senadores y diputados, salvo honrosas excepciones, se han hecho de la vista gorda, sin actuar conforme a sus facultades. Cuando el 13 de septiembre de 2012 el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito enmendó la aberrante decisión de Felipe Calderón al reconocer la figura de patrón sustituto como obligación de CFE, parecía que habría justicia. Sin embargo, el 30 de enero de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una infame sentencia, negando el patrón sustituto y concedió la razón a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en su laudo del 30 de agosto de 2010. Frente a este atropello, laboral y humanitario, el Congreso de la Unión guardó un silencio cómplice.
El ilegal comodato fue diseñado por los neoliberales para funcionar muchos años y garantizar la derrota del SME; sin embargo, con las inconstitucionales reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna y las leyes privatizadoras que serán votadas en los próximos días, el comodato de CFE sobre los bienes de LFC carece de legalidad. Lo que procede es extinguirlo y disponer de los bienes de LFC, cumpliendo con todas las obligaciones pendientes en términos del contrato colectivo de trabajo que el gobierno federal a través del SAE y de CFE tiene con respecto al SME, sus jubilados y sus trabajadores que no se han liquidado. Dichas obligaciones, en lo fundamental, se encuentran contenidas en las cláusulas 64 y 112 que establecen fondos de reserva para la jubilación y para el seguro sindical del SME, y que fueron invertidos, conforme lo establece el propio contrato colectivo en la construcción de la infraestructura eléctrica de LFC, desde 1936.
Por lo mismo es obligada una discusión en las cámaras de Senadores y de Diputados del tema de la terminación del comodato, de la extinción y liquidación de los bienes de LFC y de la obligada recuperación del empleo de los más de 15 mil trabajadores agremiados al SME que desde octubre de 2009 reclaman sus puestos de trabajo y justicia laboral.
