Al igual que asociaciones de transporte de carga, del sector exportador y diversas empresas de la industria alimentaria, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad) se opone a que se restrinja la circulación de camiones de doble remolque (llamados fulles) en carreteras y puentes federales, al sostener que las autoridades no han hecho una evaluación de los costos económicos que implicará tal medida.

Argumenta que aumentará el número de vehículos para transportar la misma cantidad de mercancía y ello incidirá en un incremento tanto de la contaminación ambiental como del consumo de diesel, aceites y llantas.

La Antad, conformada por 103 empresas que cuentan con 34 mil sucursales en todo el país, envió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) su opinión del proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para modificar la norma oficial mexicana 012 (NOM-012) sobre el peso, dimensiones y capacidad máximas con las que podrán circular los vehículos de autotransporte privado, desde camiones de carga hasta autobuses de pasajeros.

Entre 2008 y 2010 murieron 3 mil 606 personas en accidentes

La SCT asegura que con la NOM 012 se pretende mejorar la competitividad y productividad de empresas que operan vehículos unitarios y configuraciones sencillas, limitar la circulación de los fulles sólo a carreteras de mayores especificaciones (ejes troncales y autopistas de dos y cuatro carriles) y permitirles sólo un peso de 75.5 toneladas en lugar de las 80 de antes, a fin de incrementar la seguridad en la red carretera.

Según el Instituto del Transporte tan sólo entre 2008 y 2010, los camiones y tráilers de carga estuvieron involucrados en 21 mil 341 accidentes en caminos y puentes de jurisdicción federal, que ocasionaron la muerte de 3 mil 606 personas y dejaron lesionadas a otras 16 mil 134. Pero para la Antad se deben evitar cambios en las NOM que generen incertidumbre respecto de los costos e inversiones.

Critica que el proyecto no contemple a los centros de distribución y los centros logísticos en el esquema de autorizaciones de conectividad que plantea la SCT, pues sólo habla de plantas de producción por lo que afectará a sus asociados que atienden más de 18 millones de clientes por día desde dichos centros hasta las tiendas.

En numerosos casos, los centros de distribución se encuentran alejados de las autopistas de mayores especificaciones. Por tanto, esta restricción incrementará sustancialmente los costos de operación de las empresas que ahora se verán obligadas a utilizar vehículos de menor capacidad y pagar más fletes para mover el mismo volumen de mercancías, indica.

La norma plantea reducir de 13.70 a 12.19 metros la longitud de los semirremolques o remolques en las configuraciones de camión con remolque o tractocamión doblemente articulado, además de que se disminuye el peso bruto vehicular (peso del vehículo más la carga) de estas últimas, generará un alto impacto económico para las empresas ya que deberán remplazar sus unidades o modificarlas.

También se queja de que las autorizaciones de conectividad que propone la SCT se limitan a dos años cuando la norma vigente prevé plazo de cinco años, por lo que incrementar las revisiones aumentará los costos administrativos de las empresas en tanto que tendrán que monitorear la clasificación de las carreteras por su conectividad y el pago de los permisos.