a crisis humana de los menores centroamericanos que permanecen en los centros de detención de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ha alcanzado proporciones difíciles de imaginar, y más aún de resolver. Ya suman más de 50 mil niños cuya situación migratoria está en el limbo, y no tiene visos de resolverse pronto.
Tal vez sea una de las crisis más difíciles que el presidente Obama haya enfrentado en materia de derechos humanos. A ciencia cierta se desconoce cuál o cuáles serán las medidas que su administración tome para enfrentar una situación que excede el ámbito doméstico, y sin lugar a dudas tendrá consecuencia en las relaciones de Estados Unidos con Honduras, Guatemala, El Salvador y, desde luego, con México.
El hecho de que Obama haya solicitado casi cuatro billones de dólares para acelerar una solución al problema plantea muchas dudas sobre la forma en que ese dinero será utilizado. En su solicitud, el presidente aseguró que se utilizará para reforzar la seguridad en la frontera y evitar la llegada de más menores. También se emplearán para contratar el personal necesario que agilice los procesos de los niños cuyo desenlace, presumiblemente, sería su deportación.
Lo cierto es que ninguna de las explicaciones ha dejado satisfecho a nadie. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, incluidas algunas religiosas, han dicho con razón que la deportación sería poner la soga en el cuello de muchos menores. No se olvide que han huido de sus países para evitar que se les obligue realizar actividades criminales por las bandas que asolan sus entornos. Regresarlos sería como entregarlos a los capos de los que han escapado. Por otro lado, un puñado de legisladores, encabezados por el inefable Rick Perry, gobernador de Texas, han dicho que el propósito del presidente es usar ese dinero para darles asistencia médica y legal y además asilo permanente, no para proteger la frontera, y exigen la deportación inmediata de los menores.
No es la primera ocasión en que los más fervientes enemigos de los indocumentados han exigido la deportación masiva de quienes vienen de los países situados al sur del río Bravo.
La diferencia es que en este caso se pondría en peligro la vida de los menores deportados. Con independencia de la barbaridad de una decisión de ese tamaño, cabe preguntarles ¿cómo sugieren que se deporte a más de 50 mil personas cuya mayoría proviene de Centroamérica? ¿En autobuses, aviones o barcos? O que simplemente se les deje en la frontera con México para que caminen a sus países de origen. Vale decirlo nuevamente: es aberrante pensar en resolver una crisis humana con medidas policiacas como las que ellos sugieren.
La solución es una reforma migratoria que refleje el interés del país y su vocación humanista. No otra cosa han expresado en un editorial personajes tan disímbolos como Warren Buffet, Bill Gates y Sheldon Adelson, exigiendo que los 535 legisladores realicen el trabajo para el que fueron electos y concluyan con la reforma.
