Aunque desde hace un mes ya es obligatorio para todos los juzgadores del país ordenar al Ministerio Público iniciar investigaciones en caso de que imputados hayan sufrido algún tipo de tortura durante su arresto, en los hechos esto no sucede, aseguraron los abogado penalistas Felipe Rosales Flores, Agustín Figueroa y Martín Millán.

Señalaron que los jueces siguen dando mayor credibilidad a los reportes escritos de los policías que participaron en la detención por encima de las denuncias de tortura que hacen los presuntos responsables de cometer algún delito.

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló, en tesis publicadas el 23 de mayo pasado, que toda autoridad que tenga conocimiento de una persona que haya sufrido tortura deberá, de inmediato y de oficio, dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación independiente, imparcial y meticulosa.

Sin embarg, esa jurisprudencia de la Suprema Corte ha pasado sin pena ni gloria, porque simplemente no se escucha a los detenidos, dijo el abogado Rosales Flores en entrevista con La Jornada.

El defensor de oficio habló de los casos de cinco de sus defendidos que denunciaron ante el juez haber sido golpeados por policías durante su detención y sometidos a tortura sicológica en los momentos previos a haber sido puestos a disposición del Ministerio Público.

“Puedo citar, por ejemplo, el caso de Luis Montes El Chato, un adicto al alcohol en situación de calle, a quien policías preventivos en el Distrito Federal detuvieron el viernes 4 de julio (pasado), supuestamente en flagrancia”, contó Rosales Flores.

Dijo que los agentes aprehensores golpearon e insultaron a El Chato a fin de “amedrentarlo y persuadirlo. Querían que se echara la culpa, que aceptara haber robado un IPhone a un transeúnte en la zona de Tepito. Pero, como se opuso, lo golpearon en la cabeza varias veces, y los policías al final terminaron reportando que lo detuvieron con el celular en el pantalón, lo cual El Chato niega por completo.

De su lado, el también penalista egresado de la UNAM Martín Millán refirió que los jueces penales en reiteradas ocasiones se encuentran con que los acusados alegan tortura y, por otra parte, lo único con lo que cuentan es con reportes policiacos sobre las detenciones, mal escritos, que a veces parecen copias unos de otros.

Tesis de la Corte, letra muerta

La tesis de la SCJN también obliga a los jueces a que cuando en un proceso penal un inculpado o testigo afirme que su declaración fue obtenida mediante torturas, se dé vista al Ministerio Público para que investigue.

El penalista Agustín Figueroa indicó que en la práctica este tipo de investigaciones son difíciles de concretar. Si partimos de la base de que la mayoría de las denuncias son contra miembros de la Policía y el Ejército, pues naturalmente estos no van a ser imparciales ni independientes, destacó el abogado.

Añadió que en 90 por ciento de los casos de delitos patrimoniales los presuntos responsables denuncian haber sido sometidos a actos de tortura por los agentes aprehensores, pero para los jueces el dicho de los imputados tiene menos peso respecto del reporte de detención que elaboran los policías.