En poco más de dos horas, las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron en lo general y lo particular los cuatro dictámenes de las leyes secundarias de la reforma energética, con más de 250 modificaciones al articulado propuestas por el PAN, que se avalaron sin discusión.

Entre los cambios del blanquiazul están la desaparición del término ‘‘expropiación’’, el cual será sustituido por ‘‘ocupación temporal’’ de predios, y otras disposiciones en torno al pago a campesinos, ejidatarios y comunidades indígenas por la afectación de sus tierras para la explotación del petróleo y la construcción de instalaciones eléctricas.

Una vez aprobados los cuatro dictámenes, que aglutinan las 17 leyes reglamentarias de la reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la Permanente citará hoy a un periodo extraordinario en el Senado a partir del jueves, comentó el coordinador del PRI, Emilio Gamboa Patrón.

Los cambios en materia de ocupación de tierras –lo que senadores perredistas han calificado de ‘‘despojo’’– estuvieron entre los pocos artículos reservados que el PAN argumentó en tribuna. La mayoría sólo se enunciaron y aprobaron en bloque. ‘‘Acción Nacional no iba a permitir que los campesinos fueran abusados (sic) por los contratistas, por empresas petroleras o gaseras’’, sostuvo el panista Salvador Vega Casillas. Dijo que propusieron eliminar el término ‘‘expropiación’’ para que los propietarios rurales no pierdan sus tierras.

Habrá, dijo, una ‘‘recompensa justa por las molestias, por el daño’’ e incluso ‘‘una ganancia si se encuentran en sus tierras hidrocarburos y son explotados comercialmente’’.

Frente a ese discurso, se mantuvieron en las leyes de hidrocarburos y en la de la industria eléctrica disposiciones que permiten a las petroleras extranjeras disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. Se establece la obligación de ejidatarios, comuneros y productores privados de entregar sus tierras y bosques a trasnacionales a través de la figura denominada ‘‘servidumbre legal’’, que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) tramitará ante el Ejecutivo, en caso de que en un plazo de 10 días, luego de la contraprestación sugerida por la dependencia, los afectados no acepten.

Vega Casillas sostuvo que bajo ese modelo, ‘‘los campesinos y los propietarios de la tierra serán enormemente beneficiados por toda la riqueza que encuentren en sus propiedades’’. Sin embargo, ni siquiera se fija el porcentaje de la ganancia que corresponderá al afectado por sus tierras, y se deja a la Secretaría de Energía (Sener) ‘‘elaborar las metodologías, parámetros y lineamientos que podrán servir de referencia para determinar el porcentaje’’, cita el inciso C del numeral V del artículo101 de la Ley de Hidrocarburos.

En entrevista, el panista Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo que en la discusión ante el pleno lo anterior se modificará para establecer que las empresas petroleras están obligadas a dar de 0.5 a 1.5 por ciento de sus ganancias al dueño del predio en cuyo subsuelo se exploten crudo o gas.

Ente las modificaciones aprobadas está que ese porcentaje no deberá ‘‘inhibir la competitividad ni representar una carga desproporcionada a las actividades’’ de la petrolera extranjera.

El panista detalló que, para evitar abusos de las trasnacionales, los pagos a los propietarios de la tierra deberán constar en un contrato por escrito, que será revisado por el propio Ejecutivo federal. Se les deberá pagar de manera adicional, dijo, por las actividades que ya no podrán llevar a cabo, como son la siembra y la ganadería.

Se mantiene la posibilidad de que a cambio de su tierra los ejidatarios, comuneros o particulares puedan ser contratados por la empresa trasnacional como ‘‘empleados’’, al igual que a familiares o miembros de la comunidad en que se establezca la explotación de petróleo o gas.

Finalmente se suavizaron parte de las disposiciones que el PRD ha calificado de ‘‘abusivas’’. Se indica, por ejemplo, que ‘‘el ejido, los ejidatarios, comunidades o comuneros podrán solicitar la asesoría y en su caso representación de la Procuraduría Agraria en las negociaciones’’.