Diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) cuestionaron ayer que la figura de ocupación temporal de las tierras en la legislación en materia energética deja de lado el interés de los propietarios, y se pasa a un esquema de utilidad exclusivamente para las empresas que tendrán los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. En tal sentido el diputado Abraham Montes Alvarado (PRI), secretario adjunto a la presidencia de la Confederación Nacional Campesina (CNC), sostuvo que la Cámara de Diputados no puede permitir que el subsuelo esté lleno de riqueza y encima de campesinos pobres.

Aparte, la dirigencia nacional del Partido del Trabajo convocó al PRD, Movimiento Ciudadano y al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a emprender acciones conjuntas que impidan la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. El diputado Alberto Anaya planteó que es necesario asumir medidas contundentes que den marcha atrás al entreguismo, a la corrupción, a la máquina de generación de pobreza que representa el modelo neoliberal y cuya expresión más pura es el despojo de las riquezas que posee el país.

El Congreso Agrario Permanente (CAP) aseguró que la ley de hidrocarburos atenta contra el régimen especial de tenencia de la tierra en el país, al permitir la expropiación por parte de los grandes productores, lo que provocará un nuevo proceso de reconcentración de la propiedad y formación de latifundios, cuyo costo será pagado por la propiedad social, los ejidatarios y las comunidades indígenas.

José Durán Vera, dirigente del CAP, indicó que además que se permitirá otra vez que grandes extensiones de tierra productiva se concentren en pocas manos, y se conviertan en latifundios estériles, al quitarle sus parcelas a los productores, seremos aún más dependientes alimentarios del exterior.