La juez federal en materia de amparo Martha Gabriela Sánchez Alonso invalidó ayer la orden de aprehensión que enfrentaba Gastón Azcárraga, ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, por presunto lavado de 198 millones de pesos relacionado con la venta de acciones de la aerolínea.

No obstante, se trata de un amparo de alcances limitados, pues el juez de procesos penales federales que emitió la medida cautelar de detención puede aún realizar correcciones a su resolución, y también está en posibilidades de volver a dictar la orden de captura, cuando haya hecho las adecuaciones a su primera resolución.

Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) que conocen del caso explicaron este martes a La Jornada que la juez Sánchez otorgó la protección de la justicia a Azcárraga por considerar que la orden de aprehensión emitida por su colega Rubén Darío Noguera carece de motivación y fundamentación legal; es decir, no mencionó con precisión en qué artículos del Código Penal federal o de alguna ley especial apoyó su resolución, entre otros errores de formalidad jurídica.

Al conceder el amparo, la juez Sánchez negó que el delito imputado a Azcárraga hubiera prescrito, como el quejoso argumentó en su demanda de garantías. Además, la juez de amparo instruyó al juez Noguera volver a estudiar el expediente y determinar de nuevo si debe autorizarse a la Procuraduría General de la República (PGR) la orden de captura de Azcárraga.

La resolución de amparo que otorgó la juez Sánchez aún no es definitiva, pues la PGR puede solicitar su revisión ante un tribunal colegiado a fin de que quede firme la orden de aprehensión.

Por la noche, en una tarjeta informativa, el Consejo de la Judicatura Federal informó que el juzgado séptimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal concedió un amparo para efectos a Gastón Luis Azcárraga Andrade, a fin de que el juzgado décimo cuarto de procesos penales federales deje insubsistente la orden de aprehensión contra el quejoso, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dictada el 15 de febrero de 2014.