Aunque en días recientes se hicieron públicas 13 recomendaciones que el gobierno de Guanajuato debe cumplir para detener los feminicidios, las medidas son observaciones muy simples y todavía hay muchos obstáculos en el proceso de evaluación y aplicación de la alerta de violencia de género, señalaron integrantes de diversas organizaciones sociales.

En conferencia de prensa, las activistas leyeron un comunicado en el que saludan que por vez primera se haya respondido a una solicitud de alerta de violencia con una investigación que concluye con recomendaciones específicas que deben ser cumplidas en un plazo de seis meses, ya que de lo contrario esa situación legal sería declarada.

No obstante, al mismo tiempo advirtieron que en Guanajuato y otras entidades donde se han hecho solicitudes recientes de declaratoria de alerta –entre ellos, Chiapas, Morelos y el estado de México– sigue habiendo limitaciones graves en el proceso de evaluación y aplicación de ese recurso.

Expresaron que en gran medida lo anterior se debe a que los gobiernos estatales y los institutos de las mujeres han obstaculizado sistemáticamente las peticiones, alegando que son hechas por motivos políticos o que no se formularon de manera adecuada.

De igual forma, lamentaron que en los estados donde ya se utiliza un nuevo reglamento para declarar las alertas de violencia de género las autoridades no hicieron una convocatoria pública para integrar los grupos de trabajo encargados de decidir sobre el tema.

Por ello apremiaron a diseñar lineamientos metodológicos claros para definir en qué casos se va a declarar la alerta de violencia de género, con la colaboración de académicos, especialistas y grupos de la sociedad civil.

María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, aseveró que las autoridades del estado de México no han mostrado voluntad política para investigar las agresiones contra mujeres, y prefieren seguir mostrando una actitud negligente y omisa.

En el mismo sentido, Martha Figueroa, del Colectivo Feminista Mercedes Olivera, denunció que en Chiapas las autoridades aplican solamente una estrategia de simulación y afirman que hay investigaciones en marcha sobre los feminicidios en la entidad, pero no informan sobre los avances o conclusiones.

Verónica Cruz, del colectivo Las Libres, coincidió en que los reglamentos de los mecanismos encargados de declarar la alerta de género únicamente se han dedicado a impedir que esta herramienta sea utilizada y lamentó la impunidad en que permanecen estos delitos en Guanajuato y el resto del país.