Ante la falta de pruebas para demostrar que los dos visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que se encuentran bajo proceso ante la contraloría interna del organismo participaron en una supuesta negociación de rehenes, la investigación se siguió por desacato a una instrucción y falta de comunicación con sus superiores, según los argumentos expuestos por la tercera visitadora, Yolanda Ramírez Hernández, en su contra.

Las actas circunstanciadas que obran en el expediente RES-11/14-1 de la contraloría interna de la CDHDF detallan los hechos a partir de la llamada que se recibió de los peticionarios, alertando de la presencia de 2 mil granaderos en San Bartolo Ameyalco, el pasado 21 de mayo.

A pesar de que el área de quejas y la primera visitaduría del organismo son las encargadas de observar el proceder de los cuerpos policiacos, Ramírez Hernández determinó que fueran los defensores de la visitaduría a su cargo a documentar el operativo que realizaron la delegaicón Álvaro Obregón y efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública.

Consta en los reportes que todo el tiempo hubo comunicación con el organismo; sin embargo, las diferencias con Martín Juárez, representante del gobierno de la ciudad, y los visitadores, a quienes les exigía entregar a los supuestos policías retenidos, provocaron la molestia del gobierno, a pesar de que fue la misma directora del centro de salud quien refirió que los policías entraron de manera voluntaria para resguardarse.