l gobierno peñista ha decidido oficializar su condición de agencia estadunidense de migración frente a centroamericanos, al decidir el ‘‘blindaje’’ del sur mexicano para cerrar el paso a viajeros que no tengan permiso para entrar a nuestro país y mucho menos para intentar el arribo al país imperial, en una vergonzosa claudicación que pretende practicar contra los indocumentados de nuestro sur lo mismo que en Estados Unidos hacen contra nuestros compatriotas.

La servicial postura progringa de la diplomacia y la gobernación mexicanas pretende encubrirse bajo retórica de nobleza y protección. Según eso, las autoridades de nuestro país están deseosas de impedir que los migrantes sigan padeciendo los horrores que ya son conocidos a nivel mundial. Altos funcionarios portando pancartas que digan ‘‘Pare de sufrir’’, cual piadosos predicadores de paraísos por venir, luego que ellos han sido altos responsables de que esos infiernos subsistan, impunes y redituables. Como es sabido, el rosario de abusos y horror que les es suministrado a esos migrantes a su paso por México tiene como causantes a cárteles del crimen organizado, policías de los diversos niveles, el instituto de migración y un aparato de poder federal que ha permitido durante años la sistemática agresión contra esos centroamericanos en tránsito. La determinación peñista de cerrar la frontera sur a ese flujo migratorio irregular es la culminación de una fase del proyecto estadunidense de control de esos linderos y de expreso sometimiento de las autoridades mexicanas muy predispuestas a convertirse en migra a trasmano.

El arrojo del gobierno mexicano hacia el sur no es sino lamentable silencio respecto de lo que sucede en el norte. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha cerrado los ojos y la boca ante el creciente golpeteo contra mexicanos que por necesidad económica han optado por adentrarse en el país que de manera hipócrita los rechaza formalmente, aunque en la informalidad los necesita y aprovecha. La administración Obama solamente utilizó el señuelo de la reforma migratoria para mantener expectativas electorales de segmentos ‘‘latinos’’ y para sostener ciertos tintes ‘‘progresistas’’ en su careta cromáticamente (pero sólo eso) distinta, pero con él hubo más deportaciones de mexicanos e hispanoparlantes que nunca.

La turbiedad institucional e incluso posicionamientos relevantes confrontados impiden a la sociedad apreciar el fondo del caso judicial que tiene como principal personaje a Rosa María Verduzco, conocida como Mamá Rosa, quien estaba al frente del albergue La Gran Familia, en Zamora, Michoacán. La aplastante aportación gubernamental de datos que causan natural indignación, respecto a lo que presuntamente sucedía en esa entidad privada, y la acompasada difusión mediática de los mismos (periodismo selectivamente escandalizado), no terminan por convencer a todos los destinatarios de esa información tan teledirigida e incluso mueven a fundado escepticismo que no necesariamente invoca inocencias generalizadas, pero sí preferiría menos estridencia y más contexto.

Desde hace largo tiempo, y no solamente en los actuales tiempos del priísmo revivido, no es ni ha sido la procuraduría federal de justicia un ejemplo de pulcritud institucional ni su titular actual, el hidalguense Jesús Murillo Karam, ha dado muestra de criterio independiente de móviles políticos o grupales. Basta recordar el caso de la explosión en oficinas de Pemex en la capital del país el último día de enero de 2013 para ilustrar la capacidad de encubrimiento, hasta límites tragicómicos, de una autoridad dispuesta a convertir dictados de la superioridad en presunta verdad procesal.

A esa sospechosa conversión de procuradores y distintos funcionarios en súbitas encarnaciones justicieras, y a la defensa de Mamá Rosa y su albergue que han hecho Vicente Fox, Marta Sahagún, Enrique Krauze y el futbolista Rafael Márquez, además de manifestaciones populares en su favor, ha de agregarse el hecho de que el Estado mexicano se asusta de lo mismo que impropiamente ha permitido. Múltiples organizaciones privadas tratan de paliar problemas sociales que el aparato federal de gobierno no ha permitido atender o, aún peor, que ha permitido derivar hacia esos gestores particulares mediante la contradictoria entrega de partidas presupuestales que los políticos usan para lucimiento ‘‘caritativo’’.

El muy difundido escándalo del albergue mencionado y la mamá encarcelada ha quitado reflectores al proceso de aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética en el Senado para su posterior cierre de ciclo en la Cámara de Diputados. A pesar del esfuerzo de los distintos partícipes en esas sesiones por aparentar que hay cambios trascendentes y que se da un debate patriótico sobre los delicados temas en mención, lo cierto es que la aplanadora numérica está suficientemente aceitada, sin una sola sombra de disidencia que pudiera descarrilar los pactos energéticos.

A diferencia de otras ocasiones, esta vez no hubo necesidad de contenciones policiacas, pues no hubo acciones de resistencia civil. La izquierda electoral, tanto PRD como Morena, decidió trasladar sus objeciones a las urnas de 2015, cuando esperan que junto a la efervescencia electoral se instale otra caja receptora en la que los ciudadanos puedan manifestar si están o no de acuerdo con la mencionada reforma energética, que para entonces ya llevará varios contratos trasnacionales firmados y una campaña mediática federal de impactante apoyo.

Aún no se define si la consulta energética sería respecto a la reforma constitucional o solamente respecto a las leyes secundarias, pero esa sería la única esperanza de revertir lo que en estos días se está procesando en el Congreso federal, entre una feria de discursos, ‘‘reservas’’ de artículos y otras delicias procesales que a fin de cuentas terminarán en lo sabido, es decir, la autorización del gran negocio del siglo, ante una sociedad decepcionada de sus mecanismos de representación política y avenida a la fatalidad de las imposiciones en curso. ¡Hasta el próximo lunes!

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