“Hay elementos de prueba suficientes para fincar responsabilidad penal a Rosa del Carmen Verduzco Verduzco (Mamá Rosa) y a varios administradores de la casa hogar La Gran Familia”, de Zamora, Michoacán, dijo a La Jornada Julio Antonio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Estamos hablando de delitos graves, como privación ilegal de la libertad, alteración de actas de registro civil y trata de personas en la modalidad de explotación laboral y sexual, añadió el funcionario del organismo encargado de la atención a ofendidos y víctimas de algún delito.

En Zamora, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido), Rodrigo Archundia Barrientos, informó que se han presentado 40 denuncias contra Verduzco, de 81 años de edad y directora del albergue.

Agregó que los ocho detenidos por el caso quedaron a disposición de la agencia del Ministerio Público.

Archundia recorrió este jueves la casa hogar, en compañía del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Laura Vargas Carrillo.

El subprocurador señaló que el Ministerio Público Federal optó por ampliar al doble el término constitucional en busca de más elementos para la consignación de los detenidos, por lo que la situación jurídica de Mamá Rosa y los otros responsables del albergue se definirá el próximo sábado, por tratarse de delincuencia organizada.

Hernández Barros, penalista egresado de la Universidad Iberoamericana, estimó que ante los resultados de las investigaciones es insostenible que alguien, por más respetable que sea, pueda defenderlos, porque en ese albergue, desde varios años atrás, se cometieron conductas tipificadas como delito.

Políticos como el ex presidente Vicente Fox; su esposa, Marta Sahagún, y los escritores Enrique Krauze y Jean Meyer, entre otros, han abogado por Mamá Rosa.

Hernández Barros instó a intelectuales y líderes de opinión que antes de opinar sobre el caso se acerquen a la CEAV para que puedan conocer las barbaridades que se cometieron en el albergue.

Agregó que un grupo de abogados, pediatras, trabajadoras sociales, sicólogos y médicos de la CEAV están en Zamora desde el martes, apoyando a niños y jóvenes que fueron rescatados por agentes federales y efectivos militares, que llegaron con una orden de cateo.

La prioridad de la CEAV es atender los problemas de salud física y mental de las víctimas. Después se encargará de coadyuvar con la Procuraduría General de la República (PGR) y apoyar a los agentes del Ministerio Público Federal en la integración de las averiguaciones previas.

El comisionado dijo que se enteró del operativo en la casa hogar desde las 11 horas del pasado martes, es decir, casi al mismo tiempo en que se efectuaba el cateo.

Según el primer reporte del grupo de profesionales de la CEAV, hasta ayer 43 menores habían recibido atención médica, principalmente por infecciones estomacales, respiratorias y dermatológicas; 39 recibieron apoyo sicológico y otros 38 y/o algunos de sus familiares tuvieron asesoría jurídica para elaborar denuncias penales.

Hasta el jueves, tres días después de la incursión policiaco militar, todos los menores seguían bajo custodia de la autoridad, dijo Hernández Barros.

La mayoría de las víctimas provenían de familias marginadas, señaló el funcionario. Los menores eran privados de su libertad, obligados a prostituirse y a trabajar sin la debida remuneración, y también hay registro de que se modificaron sus actas de nacimiento, lo que nos habla de que puede haber complicad de funcionarios de registro civil.

La investigación de la PGR comenzó en junio pasado, a raíz de que cinco personas denunciaron que sus hijos, hermanos o familiares estaban privados de la libertad en el albergue, y que Rosa María Verduzco les pedía dinero para liberarlos.

Los testimonios coincidieron en que Mamá Rosa impedía el contacto entre los menores y sus familias, en complicidad con los administradores del albergue, entre ellos Lourdes Verduzco Verduzco, David Verduzco y/o David Rogelio Álvarez Murillo, Miguel Ángel Valencia, Rosa María Viveros, Enrique Hernández, Claudia Priscila Solórzano Rodríguez y Felipe Serrano Gómez, todos ahora detenidos.

Los querellantes dijeron a los agentes del Ministerio Público que sus hijos eran golpeados, obligados a trabajar y sujetos a abusos sexuals, según consta en la causa judicial abierta en el juzgado quinto de distrito de medidas cautelares, que concedió la orden de cateo a la PGR, informaron fuentes del Poder Judicial Federal.

Los fiscales del caso han encontrado elementos de prueba con los que buscarán acreditar la posible comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad, alteración de documentos del registro civil y trata de personas en la modalidad de explotación laboral y sexual.

Las fuentes agregaron que peritos revisan el albergue ante la posibilidad de que existan inhumaciones clandestinas.

Hasta ahora ningún funcionario ha hecho referencia a la magnitud del despliegue de fuerza pública, pues durante el cateo participaron efectivos del Ejército, como si se tratara de una acción contra un narcotraficante.

Las fuentes consultadas indicaron que la PGR hará una revisión contable de la casa hogar La Gran Familia en busca de otras líneas de investigación.