El caso del albergue La Gran Familia, de Zamora, donde cientos de niñas y niños han sufrido abusos físicos, sicológicos y sexuales, es sólo uno de los muchos que hay en el país, debido a la falta de regulación de estos sitios por parte de las autoridades mexicanas, que han optado por dejar a los menores bajo el control de particulares sin asumir responsabilidades, señalaron especialistas en el tema.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, subrayó que la casa hogar dirigida por Rosa del Carmen Verduzco –conocida como Mamá Rosa– es un ejemplo paradigmático de cómo se conjuntan la fragilidad de las instituciones nacionales, la corrupción y la impunidad.

Desde hace años ya había denuncias en contra de este albergue por malos tratos y vejaciones, pero eso no impidió que el ex presidente Vicente Fox y su esposa le dieran su apoyo. Lo que cabe preguntarnos es si durante su gestión se hicieron investigaciones para verificar si no se estaban violando los derechos de los niños, indicó.

Pérez García recordó que en años pasados hubo escándalos similares por la forma de operar de otros albergues infantiles y lamentó que las autoridades no busquen más alternativas para los menores no acompañados que la de internarlos en casas-hogar, donde hay cerca de 30 mil niños en una especie de limbo y sin ninguna supervisión.

Nashieli Ramírez, coordinadora general del colectivo Ririki Intervención Social, manifestó que si dichos establecimientos han podido funcionar durante tantos años se debe a que el Estado mexicano prefiere desentenderse de los niños sin cuidado parental y tolerar los sitios basados en una óptica asistencialista y en la pretendida buena fe de sus dueños.

“Entre 70 y 80 por ciento de los albergues para menores en México operan de esta forma, mediante esquemas en donde el Estado no aporta nada ni regula la actuación de los particulares, lo que se combina con una visión de muchas personas de que ‘si los jodidos no tienen nada, mejor que duerman en un colchón con piojos que en la banqueta’, y eso justifica cualquier abuso”, deploró.

Consideró que el caso de La Gran Familia debe tomarse como un llamado de atención para que el Estado mexicano asuma la responsabilidad que tiene de proteger a los niños y niñas sin cuidado parental y otorgue recursos suficientes para que estos menores tengan una vida digna.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ya realiza investigaciones sobre el albergue y envió a un grupo de visitadores adjuntos, peritos y sicólogos para conocer los testimonios de las víctimas.