La Ley de Hidrocarburos aprobada anoche en el Senado ahonda en la intervención de la iniciativa privada en exploración y explotación, importación y comercialización, a través de ‘‘gestores independientes’’, de gas natural; en la venta de turbosina a aerolíneas, e incluso se facilita la ‘‘migración’’ de Pidiregas, que han sido financiados con deuda pública, al nuevo mecanismo de contratos.

Las trasnacionales podrán formar consorcios para explorar o explotar yacimientos, en contraste con la redacción original que limitaba la obtención de un contrato por empresas en lo individual. Para ello se ajustó el modelo propuesto en la selección de los contratistas.

La iniciativa proponía utilizar la variable de máximos beneficios obtenidos para el Estado. ‘‘Sin embargo, se considera necesario incluir otras variables, también económicas, que permitan analizar los beneficios técnicos en la selección (y) se ha modificado la iniciativa para que el Estado pueda suscribir contratos de exploración con empresas, públicas o privadas, ya sea de forma individual o en consorcio’’.

Quedó firme la obligación de Petróleos Mexicanos (Pemex) de pagar un ‘‘dividendo estatal’’ equivalente a 30 por ciento de sus utilidades después de impuestos, adicional a los derechos que paga a Hacienda, y en contraste no se incluyeron plazos máximos para los contratos y licencias. Tampoco se fijó el límite al porcentaje de la renta petrolera que se otorgará a los contratistas.

Se incluyó la posibilidad de que ‘‘cualquier persona’’ obtenga permisos para reconocimiento y exploración superficial; la exploración y extracción de hidrocarburos, refinación, procesamiento de gas; transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público de petrolíferos, y el transporte y almacenamiento de petroquímicos.

Entre las adiciones a la iniciativa original, negociadas por el PAN con el gobierno, se incluye la obligación de Pemex y del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) de entregar toda la información estratégica, hasta ahora reservada, de cada cuenca, campo y yacimiento, para constituir el centro nacional de información de hidrocarburos, que será echado a andar por particulares vía un contrato sin licitación.

Tal disposición incluye una multa de entre 20 y 100 millones de pesos, si la paraestatal o el IMP no entregan la información.

En contraste con la publicidad oficial respecto de que en 2015 bajará el precio de los combustibles, PAN y gobierno acordaron continuar los gasolinazos mensuales y que Pemex dejará de vender gasolinas y diesel en exclusiva, ‘‘como máximo’’, al 31 de diciembre de 2016.

El artículo 16 transitorio dice: ‘‘La política de precios máximos al público que se emita deberá prever ajustes de forma congruente con la inflación esperada de la economía, y en caso de que los precios internacionales de gasolinas y diesel experimenten alta volatilidad, el Ejecutivo preverá mecanismos de ajuste que permitan revisar al alza los incrementos de los citados precios, de manera consistente con la evolución del mercado internacional’’.

En un contexto en el que México importa la mitad de las gasolinas que se consumen, la ley prevé: ‘‘A partir del 1º de enero de 2017, o antes si las condiciones del mercado lo permiten, los permisos para la importación de gasolinas y diesel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables’’.

Para facilitar la entrada al mercado nacional de las empresas privadas, el PAN y el gobierno acordaron imponer una regulación asimétrica para las ventas de primera mano de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, para ‘‘limitar el poder dominante de Pemex, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos’’.

En los considerandos, se define que la política energética tendrá como objetivo que ‘‘las empresas productivas del Estado no obstaculicen la competencia o el desarrollo eficiente de los mercados’’ y que tanto la Secretaría de Energía como las comisiones Reguladora o de Competencia Económica, se encargarán de ‘‘las acciones que se considere necesarias’’ para ‘‘fomentar el sano desarrollo de la industria’’.

Entre los agregados, se define que la Comisión Reguladora otorgará permisos a ‘‘personas’’ a las cuales se ‘‘facultará para realizar la actividad de distribución de combustibles para aeronaves en aeródromos (sic) a los siguientes usuarios: transportistas aéreos, operadores aéreos y terceros para actividades distintas de las aeronáuticas’’, que actualmente desempeña Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

También se agregó la figura de ‘‘gestores independientes’’, adicionales al Centro Nacional de Control del Gas Natural, que operarán a través de sistemas integrados de hidrocarburos y productos derivados.