San Cristóbal de Las Casas, Chis. 17 de julio.

Decenas de organismos de derechos humanos del país coincidieron en que se han incrementado las agresiones y las amenazas contra defensores, así como contra periodistas, en distintas partes de Chiapas.

Las 74 organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) expresaron preocupación por el riesgo que afrontan nuestros colegas defensores y periodistas en el estado de Chiapas, por actos de vigilancia, hostigamiento, amenazas y agresiones en fechas recientes.

Ante el grave contexto en Chiapas, la Red TDT, con presencia en 20 estados, exhortó a las autoridades a garantizar condiciones para la importante labor de defensores y periodistas. Resulta imprescindible en cualquier sociedad democrática un trabajo sostenido por la defensa de los derechos y la libertad de expresión.

Las entidades más peligrosas

Según la Red TDT, los estados con mayor índice de agresiones a defensores son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Distrito Federal. Se confirma con la grave tendencia registrada en el primer semestre del año. En México la defensa sigue representado un reto, no sólo por el complejo contexto del país, también por la falta de reconocimiento de esta labor por las autoridades y la misma sociedad.

Casos documentados

La Red TDT registra cuatro casos. El 29 de mayo policías judiciales detuvieron de manera arbitraria al defensor tseltal Mario Marcelino Ruiz Mendoza, de Servicios y Asesoría para la Paz, y a los 20 representantes indígenas que acompañaba durante un proceso de diálogo entre la comisión de los bienes comunales de la comunidad lacandona, la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones Democrática e Independiente y el gobierno estatal. Fue una acción de desprecio, hostigamiento, discriminación y condicionamiento para el diálogo sobre los pueblos que se pretende desalojar en Montes Azules. Luego, sin explicación oficial alguna, fueron liberados.

El 11 de junio, el Frayba denunció ante la Fiscalía Especializada de Protección y Atención a los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, hechos de hostigamiento y vigilancia registrados en abril y mayo en San Cristóbal de Las Casas. Antes y después, el Frayba “ha documentado intervención telefónica, hackeo de correos, vigilancia, seguimiento, difamación, judicialización y amenazas en algunos territorios, que se han agudizado de manera alarmante en los últimos meses”.

El 13 de junio, Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel recibió amenazas de muerte. Hubo agresiones y criminalización contra miembros del Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de esa localidad, por denunciar la proliferación de expendios de alcohol y drogas con la anuencia de las autoridades municipales.

El 23 de junio, el escritor Javier Molina, reportero de La Jornada, denunció que policías federales irrumpieron en su domicilio rompiendo las puertas, alegando que la casa fue señalada como punto de venta de drogas en una denuncia anónima. Nunca mostraron orden de cateo ni denuncia, y posteriormente las autoridades se desdijeron. Este patrón de hostigamiento ha sido también denunciado de manera reiterada por medios libres, comunicadores independientes y periodistas en la entidad, advierte la Red.