uy contentas están las cabezas visibles de los organismos cúpula del sector privado –tradicionales aliadas del inquilino en turno de Los Pinos–, porque, dicen, por fin se concreta la modernización del sector energético en México, de la cual sus presuntos representados se beneficiarían legal y ampliamente.

Ahora que las últimas joyas del Estado han sido desincorporadas (léase privatizadas), tal comentario color de rosa es prácticamente igual de insustancial que el vertido dos décadas atrás por esas mismas cabezas, con motivo de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), cuyos resultados, a la vista de 20 años, no son halagüeños para el grueso del sector empresarial.

Lo anterior por el altísimo grado de reconversión registrado en el empresariado mexicano, o lo que es lo mismo, el elevadísimo número de casos que en ese periodo se reconvirtieron, en el mejor de los casos, de productoras a importadoras o en meras intermediarias, prestadoras de servicios o prestanombres del capital foráneo, el verdadero destinatario de las reformas.

El efecto TLCAN ya se avista en el menú energético modernizador armado por el Ejecutivo y cocinado por el siempre servicial Congreso nacional. ¿Cuál sería el amplio beneficio” que, según tales cabezas visibles, obtendría la empresa mexicana? Pues en el mejor de los casos, y dentro de no menos de 11 años, si bien va, 25 centavos de cada peso, “siempre y cuando ofrezca condiciones similares –a las trasnacionales– en precio, calidad y entrega oportuna” a la hora de las asignaciones, contratos y adquisiciones.

Ese sería el amplio beneficio para el empresariado nacional por la privatización energética, es decir, para el mismo sector que hoy celebra que, por fin, modernizaron el sector energético. En cambio, para la inversión foránea, para las trasnacionales del sector (no pocas de ellas instaladas de tiempo atrás en el negocio de Pemex y la CFE), va destinada la rebanada más gruesa del pastel: 75 por ciento del total, en vía de mientras y a partir de ya, en espera de que crezca 100 por ciento.

Por si fuera poco, la empresa mexicana, de acuerdo con la ruta crítica marcada por el Ejecutivo y el Congreso, deberá esperar a 2025 para que, en el mejor de los casos, comience a tomar forma la delgada rebanada que esa dupla le asignó como beneficio. Es decir, concluirá el sexenio de Enrique Peña Nieto (en 2018, cuando las trasnacionales ya hayan tomado por asalto lo que les falta del sector energético otrora mexicano) y no recibirá mayor cosa; terminará el sexenio de quien lo suceda en Los Pinos (en 2024, ya con el capital foráneo a sus anchas en petróleo y energía eléctrica, y en medio de una creciente mortandad de empresas mexicanas) y las migajas, en el mejor de los casos, todavía no se concretarán, y será hasta el primer año del otro gobierno (2025) cuando las moronas a recibir puedan presentarse, aunque nadie lo garantiza, y “siempre y cuando ofrezca condiciones similares –a las trasnacionales– en precio, calidad y entrega oportuna” a la hora de las propuestas y adquisiciones. Y a eso llaman competencia.

Así, a lo largo de cuando menos 11 años la empresa mexicana deberá competir (como en el TLCAN) en igualdad de circunstancias con las poderosas trasnacionales energéticas que llegan –o permanecen– en México con todo tipo de alicientes, facilidades y garantías del gobierno. ¿Qué quedará entonces, si es que algo queda, de la empresa mexicana? La reconversión teleciana masiva es más que obvia.

¿De qué se alegran, entonces, los organismos cúpula del sector privado?, porque, al igual que las empresas productivas del Estado Pemex y Comisión Federal de Electricidad y en un proceso idéntico al del TLCAN, a la empresa mexicana la avientan al ruedo y la ponen a competir en absoluta desigualdad de condiciones, pues a todas luces no tiene con qué responder en esta merienda organizada por los caníbales neoliberales.

Ya el TLCAN asestó un devastador golpe al viejo sueño de un México industrializado, y lo poco que dejó se lo llevará la modernización energética que tanta alegría provoca en los organismos cúpula del sector privado. Además, no pocos empresarios comodinos tampoco tienen ganas de competir ni de nada, salvo de obtener ganancia así sea mínima (de lo perdido lo que aparezca) y como meros gatos del capital trasnacional, como el Ejecutivo y los legisladores comprenderán.

No es gratuita la advertencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), porque se refleja en el espejo: la modernización energética deja en una posición de indefensión técnica y jurídica a Pemex y CFE, a las cuales no se les da mayores elementos para competir; si no hay una voluntad política del Estado mexicano de realmente ayudar y promover a sus empresas productivas, está el camino muy claro para que desaparezcan. Para las empresas ahora productivas del Estado se presenta un panorama difícil porque solamente se abre el mercado y se establecen una serie de facilidades para que puedan participar las empresas privadas, principalmente las grandes que tienen mayor capital y tecnología, pero por otro lado no se están dando grandes elementos de competencia para las ex paraestatales. Y junto a ellas, el grueso de las empresas privadas mexicanas con sus notorias limitantes económica, técnica e incluso de personal, porque te enfrentas a monstruos verdaderamente absorbentes en todos los niveles (La Jornada, Israel Rodríguez).

En síntesis, pues, agárrense de donde puedan que ya llegó, ya está aquí el TLCAN energético, es decir, el único capítulo pendiente del tratado salinista.

Las rebanadas del pastel

El que sí se adelantó a la reconversión fue el ejército de ex funcionarios, es decir, el compuesto por no pocos ex secretarios y subsecretarios de Hacienda y Energía (en su tiempo integrantes del consejo de administración de Pemex y de la junta de gobierno de la CFE), ex directores de las paraestatales y demás fauna, que abiertamente están al servicio del capital trasnacional con ganas de clavarle el colmillo al sector energético modernizado, sin olvidar que algunos de sus pupilos preferidos permanecen en puestos gubernamentales donde se decide quién sí y quién no participa… Por cierto, en la nueva ley es notoria la ausencia de indicaciones precisas para que los trabajadores tomen cursos intensivos de inglés y así sirvan bien a los nuevos patrones.

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