a visita del subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Raúl Murrieta Cummings, quien evaluó con el gobierno estatal los avances de la reconstrucción de Guerrero, no dejó de ser un aliciente para los damnificados de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, que golpearon la entidad en septiembre pasado.

La afirmación de Murrieta Cummings de que están concluidos 10 de los 11 puentes federales que colapsaron por las lluvias genera una buena dosis de confianza, tomando en cuenta que existía marcado escepticismo acerca de su reedificación.

Se habló, por otro lado, de avances importantes en la rehabilitación de caminos y autopistas; se abordó el tema de la reparación y reubicación de escuelas, pero no se tocó el punto de la reubicación de comunidades afectadas en la región de la Montaña, una de las más castigadas por los meteoros y condenadas al mayor abandono.

Diez meses después del desastre, la reconstrucción no arroja mayor avance; ha sido más el despliegue publicitario que la efectividad en la ejecución del programa, cuando faltan prácticamente cinco meses para que concluya el plazo fijado para que termine.

No pocas veces se ha difundido que para la reubicación de algunos poblados afectados por las lluvias y los derrumbes no hay ni siquiera terrenos, mientras los damnificados, muchos de los cuales viven bajos techos improvisados con tablas y cartón en comunidades alejadas de las suyas, lanzan gritos desesperados en demanda de atención.

Si bien las obras avanzan con lentitud agobiante, la administración estatal, excluida del programa de reconstrucción, se ha concretado a ser espectador. Cuando ha ido un poco más allá de esta función ha sido para aplaudir al gobierno federal y defenderlo afirmando que en realidad se está trabajando e incluso busca la manera de justificar los retrasos, aduciendo, por ejemplo, que nada fácil es hacer que lleguen los recursos para la inversión correspondiente.