En 2010 la tribu yaqui –que se asienta en el sur de Sonora– inició una lucha más en su largo historial de defensa de sus derechos y recursos.

Ese año, el gobierno de Sonora anunció la construcción del Acueducto Independencia, al que los yaquis se opusieron de inmediato, porque el proyecto se aprobó sin la debida consulta a ese pueblo y, sobre todo, porque les arrebatará millones de metros cúbicos del agua del río Yaqui, que en parte les pertenece por ser los primeros pobladores de esa región. Esto se ratificó en 1940, mediante un decreto presidencial firmado por Lázaro Cárdenas.

No obstante, la administración estatal del panista Guillermo Padrés Elías ha hecho caso omiso y continúa con las obras que pretenden llevar ese recurso hasta la ciudad de Hermosillo. Y aunque oficialmente se asegura que el proyecto beneficiará a los pobladores de esa urbe, los yaquis han subrayado que únicamente la industria sacará provecho.

En entrevista con La Jornada, Mario Luna, vocero de la tribu, informó que con ese acueducto no sólo serán afectados los yaquis, sino varias comunidades de la zona, donde habitan alrededor de un millón de personas, por lo que desde hace varios años se han venido realizando acciones políticas y legales para detener la obra.

Aun cuando en los tribunales hemos ganado y nos han dado la razón, el gobierno no detiene el proyecto y ha emprendido una campaña de odio en nuestra contra.

El 5 de mayo de 2011 las autoridades tradicionales yaquis, organismos empresariales, agrícolas y representantes de algunos de los ayuntamientos del Valle del Yaqui firmaron un pacto simbólico para la defensa del agua.

Ello ha generado hostigamiento y represión de las autoridades estatales, informó. Los yaquis han sufrido una campaña negra promovida por los gobiernos estatal y del municipio de Hermosillo, acusándolos de ser los responsables de que esa urbe se quede sin agua potable, además que se han levantado procesos judiciales contra algunos y a muchas familias se les han suspendido los apoyos de los programas especiales para la atención de comunidades indígenas.

A los empresarios y productores no les ha ido mejor, indicó el vocero yaqui, “les han hecho auditorías, los han amenazado directamente, hasta de muerte, les han escamoteado los apoyos para la producción y se han documentado incluso personas levantadas”.

La historia de la lucha por el agua se remonta varias décadas atrás. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas se intentó construir una presa en la región, lo que ocasionó descontento generalizado y el riesgo de un levantamiento armado.

Es ahí cuando Cárdenas, con su visión de estadista, logra calmar los ánimos de la tribu. En 1940, mediante un decreto presidencial, otorga la restitución de un tercio de los territorios que los yaquis reconocen como suyos, además de que 50 por ciento de las aguas de la presa Álvaro Obregón (que se sirve del río Yaqui) serían destinadas para uso exclusivo de nuestro pueblo, a lo que se debían sumar los escurrimientos y agua de lluvia que se acumularan abajo de la presa. El otro 50 por ciento se destinaría a los colonos de la región.

Pero en 74 años ese decreto no se ha cumplido a cabalidad. Primero porque en la década de los 50 se construyó una presa hidroeléctrica, cuya agua acumulada sólo se destina para la producción de electricidad, además de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –dependiente del gobierno federal– ha escamoteado el recurso para los yaquis, asignándoles únicamente 250 millones de metros cúbicos al año, cuando la capacidad de la presa es de 800 millones de metros cúbicos.

“Al menos nos deberían tocar 400 millones de metros cúbicos. Además, el canal de conducción de esas aguas hacia nuestras comunidades no tiene siquiera la capacidad para conducir los 250 millones de metros cúbicos que ofrece la Conagua.

Por ello, cuando en 2010 nos enteramos de la construcción del Acueducto Independencia, lo primero que nos viene a la mente es que si en 70 años no han cumplido el decreto del presidente Cárdenas ¿qué pasará al agregar a otro usuario de estas aguas, planteó Luna.

Los dueños originarios de esos recursos fueron los últimos en enterarse –por las notas de prensa– del proyecto del acueducto. Las autoridades estatales no los consultaron para llegar a un consenso, aun cuando esto es una obligación asentada en diversas normativas internacionales.

Si se pretende hacer una megaobra que de alguna forma pueda afectar a los pueblos indígenas y al medio ambiente, tenemos derecho a una consulta y a que soliciten el consentimiento (para su construcción) previo, libre e informado. Eso fue violentado. Aparentaron una consulta pública en Hermosillo, a la que fue una comisión yaqui para fijar nuestra posición; ahí agredieron a huevazos a nuestros compañeros.

Los opositores al acueducto cierran carreteras, realizan varias caminatas a Ciudad Obregón, marchan hasta la capital del estado, se han reunido con legisladores federales y, además, han iniciado procesos judiciales contra esa construcción.

Los agricultores del Valle del Yaqui fueron los primeros en ampararse, primero contra la licitación y después contra la construcción; mientras los yaquis lo hacen contra la compraventa del agua. Ha sido amparo tras amparo, todos los hemos ganado y ninguno se ha cumplido.

Sumado a ello –informó Luna– existe una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra esta obra, la cual está por resolverse. Asimismo, la Corte ordenó detener el acueducto en caso de que se detecten afectaciones directas.

Esa resolución es muy ambigua y la construcción no se ha detenido. La SCJN deja a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Conagua el criterio para que valoren si nos afecta o no, pero esas instancias ya habían aprobado un manifiesto de impacto ambiental sin otorgar el derecho de consulta a la tribu yaqui, de ahí que sean juez y parte. Aun así solicitan una sentencia aclaratoria, la cual se ratifica a mediados de 2013.

Recientemente, el juzgado octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó cerrar el acueducto para proteger el derecho del pueblo yaqui a conservar sus recursos naturales. Tras la impugnación de ese fallo, el juez hace una sentencia aclaratoria para ratificar su resolución. Es justo cuando las autoridades del estado inician una campaña en nuestra contra, ya que hablan de que tendrá que haber tandeos de tres horas para algunas colonias, culpándonos a nosotros de ese problema.

Mientras los procesos judiciales avanzan, el Acueducto Independencia –de 173 kilómetros de longitud– ha comenzado desde hace nueve meses la etapa de prueba, extrayendo volúmenes de agua que nunca volveremos a ver. El recurso se ha acumulado en un reservorio de la zona industrial de Hermosillo, debido a que el sistema de aguas estatal no cuenta con potabilizadoras suficientes para tratar esas grandes cantidades y enviarlas a la red de agua potable de la capital del estado, sentenció el vocero yaqui.

De acuerdo con Luna, pese a que las autoridades del estado aseguran que la intención es beneficiar a todos los pobladores de Hermosillo, la realidad es que esta agua es para los industriales.

Recordó que esta ciudad se surte de la cuenca del río Sonora, pero sólo 8 por ciento del recurso procedente de ese reservorio es para consumo de los ciudadanos; el resto abastece a los campos agrícolas y ganaderos.

No les hace falta agua, pero en lugar de compartirla lo que quieren es llevar el recurso desde otra cuenca. Además, no se están construyendo plantas tratadoras ni potabilizadoras; tampoco se ha rehabilitado la red de agua potable de la ciudad, que, de acuerdo con la comisión estatal del agua, tiene una pérdida de 40 por ciento, por lo que inyectarle más sería reventarla.

Pero curiosamente, una vez que se anunció la construcción del Acueducto Independencia, el sector industrial comenzó a asentarse en la región. La planta Ford se amplió a casi el doble de su capacidad; se instala también la segunda planta más grande en Latinoamérica de la productora de cementos Holcim Apasco, anunciando todo un desarrollo inmobiliario; llega Heineken, la cervercera más grande del orbe, y la refresquera Big Cola; mientras Coca Cola y Pepsico anuncian la ampliación de sus instalaciones. ¿Cómo es posible que en una ciudad donde no hay agua llegue tal nivel de industria?

Pero los yaquis y sus aliados no claudicarán en su lucha. Continuarán con las movilizaciones –en breve se prevé una caravana hasta la ciudad de México–, seguirán insistiendo por las vías legales para echar atrás ese proyecto, insistirán las veces que sean necesarias que las resoluciones judiciales que les han favorecido se cumplan, solicitarán respetuosamente a la SCJN que en el marco de sus tiempos resuelva la controversia constitucional. Son nuestros recursos, es nuestro derecho y los seguiremos defendiendo, finalizó el vocero yaqui.