El programa para la atención de la frontera sur, presentado el pasado 7 de julio, no es una estrategia novedosa. Por lo menos las dos administraciones pasadas han intentado aplicar una reforma integral en esa región, donde ahora se reportan 12 puntos formales de internación frente a 53 irregulares.

Sin embargo, los propios diagnósticos de la Secretaría de Gobernación advierten de la porosidad de la franja y sus consecuencias, en perjuicio de la seguridad y la protección de las garantías humanas. Debido a una mayor visibilidad de las crecientes violaciones a los derechos humanos que enfrenta esta población y a los riesgos a los que están expuestos, se ha hecho evidente la necesidad de una gestión migratoria más humana, señala la Unidad de Política Migratoria de Gobernación, en el más reciente diagnóstico del programa presupuestal para esta área.

Compleja dinámica transfronteriza

En la frontera sur se da una histórica y compleja vida transfronteriza con alrededor de millón y medio de entradas de extranjeros al año; la mayoría realiza estancias cortas por motivos comerciales, de visita y, en menor medida, laborales.

Dentro de este flujo destacan trabajadores agrícolas, cuyo número de eventos de cruce se estima entre 40 mil y 80 mil por año; la mayoría no establecen residencia en México y por lo general permanecen menos de un mes en el país, añade la unidad.

También hace énfasis en la necesidad de abordar la migración con elementos globales y locales. Por ejemplo, señala, la mayor injerencia del crimen organizado ha llevado a criminalizar a los migrantes.

Durante el sexenio foxista, el Instituto Nacional de Migración advirtió sobre la desventaja de sólo tener ocho puntos de control formal en la frontera sur; actualmente hay sólo 12 para una franja de mil 200 kilómetros.

Después, en la administración de Felipe Calderón se informó del bajo porcentaje de consignación de presuntos traficantes de personas, y durante el primer año del sexenio de Enrique Peña Nieto Gobernación advirtió acerca de las deficientes condiciones en el bienestar de los migrantes derivadas de una desarticulada y descoordinada política migratoria.

La dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong emite alertas ante la reproducción de la exclusión social de los migrantes, las limitadas oportunidades de desarrollo para ellos; la inseguridad para los migrantes y sus familias, así como una débil cultura de la legalidad.

La estrategia para la frontera sur, que será anunciada en próximos días, busca –igual que las que la antecedieron– revertir la problemática. Uno de los puntos que se delinean como plan realizable y sin precedente es un operativo para evitar que los migrantes –la mayoría centroamericanos– se trepen al ferrocarril de carga sureño, conocido como La Bestia, para avanzar hacia Estados Unidos.

Sin embargo, el flujo de viajeros va en ascenso. Gobernación misma calcula que unos 250 mil extranjeros en situación migratoria irregular pasan por México.

En el plan de 2014 se incluye la creación de una coordinación federal para la atención integral de la frontera sur. El titular, Humberto Mayans, senador con licencia del PRI, deberá fijar la estrategia en la materia de todo el Poder Ejecutivo y su vinculación con los gobiernos estatales, municipales y los poderes Legislativo y Judicial.

Desde 2013 la Unidad de Política Migratoria advirtió sobre los retos para coordinar estos planes y programas, debido a la desarticulación de políticas públicas que atienden el fenómeno migratorio y la limitada vinculación entre las políticas de migración y desarrollo.

“La política migratoria de México debe superar la era de ‘la política de no tener política’ para transitar hacia el pronunciamiento específico sobre la deseabilidad de alcanzar un acuerdo que propicie la migración de manera ordenada, segura y por los cauces regulares plenamente respetuosos de los derechos humanos”, indicó la Unidad de Política Migratoria.