Las instituciones de educación superior del país que imparten la carrera de derecho deberán modificar sus programas de estudio para dar un paso más en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal.

Lo anterior se acordó en un convenio firmado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), las secretarías de Gobernación (SG) y de Educación Pública (SEP) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En el salón Hispanoamericano de la SEP se realizó ayer la ceremonia en la que se formalizó este acuerdo, donde el titular de esa dependencia, Emilio Chuayffet Chemor, resaltó que frente al nuevo sistema de justicia es indispensable renovar la formación de quienes ejercen la abogacía, así como la de los estudiantes de derecho.

Las instituciones de educación superior tienen un compromiso complejo, pues los modelos de enseñanza tradicionales deben ajustarse ahora a los constantes movimientos del panorama jurídico a fin de que los educandos obtengan las habilidades y destrezas que demanda este cambio.

Señaló que se asume la prioridad de realizar ajustes a los programas para que los futuros abogados adquieran capacidades argumentativas sólidas y pertinentes, alejándose de una formación educativa memorista.

Celebró que la Anuies –que agrupa a más de 160 instituciones educativas públicas y privadas– sea un aliado imprescindible para que las universidades puedan alinear sus objetivos, y hacer que México cuente con los abogados de espíritu crítico que el nuevo orden jurídico penal exige.

El titular de la SG, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que la intención del nuevo sistema de justicia penal –aprobado en junio de 2008 yque estará totalmente vigente en 19 meses– es transitar de un proceso inquisitivo (como el actual) a uno adversarial.

La tarea no es sencilla; para poner en marcha ese modelo, entre otras acciones se deberán armonizar más de 400 leyes, crear infraestructura en el país y diseñar plataformas tecnológicas más modernas y eficientes, dijo.

Hoy nos convoca lo más importante: preparar las nuevas generaciones de profesionistas que habrán de aplicar la justicia penal acusatoria. Son los jóvenes que estudian derecho quienes directamente contribuirán a materializarla, aplicando el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes que emita el Congreso de la Unión.

Agregó que se fortalecerán los conocimientos y capacidades de los empleados del sistema de procuración y administración de justicia. Llevaremos a cabo programas de capacitación y educación continua junto con la sociedad civil y las instituciones de educación superior, para que jueces, peri- tos, policías, agentes ministeriales y litigantes se actualicen y todos actúen con más eficacia.

El secretario general ejecutivo de la Anuies, Enrique Fernández Fassnacht, aseveró que el país cuenta con instituciones de educación superior comprometidas con las principales causas nacionales, por lo que asumen el compromiso de coadyuvar a la implantación de un nuevo sistema de justicia penal.

Posteriormente, explicó en entrevista que este convenio para alinear los planes y programas de estudios de las universidades a las necesidades jurídicas no atenta contra su autonomía, pues las modificaciones deberán basarse en el marco normativo de cada institución y someterse a la aprobación de sus órganos colegiados.

Al acto acudieron María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; el magistrado César Esquinca ,del Consejo de la Judicatura Federal, y como representantes de la Conago los mandatarios de Chihuahua, César Duarte; del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera; de Morelos, Graco Ramírez, y de Puebla, Rafael Moreno Valle.