n juzgado de distrito con sede en Yucatán anuló ayer un permiso otorgado a la empresa trasnacional Monsanto, que le permitía la siembra comercial de soya transgénica en esa entidad. Según la instancia judicial, dicha actividad pone en riesgo la producción de miel mexicana en estados como Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
Para poner el hecho en contexto, debe señalarse que el permiso revocado por mandato judicial había sido concedido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el 6 de junio de 2012, a contrapelo de las opiniones de instituciones ambientales del propio Estado mexicano –la Comisión Nacional para el Conocimiento y el uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología– y a pesar del rechazo de cientos de investigadores articulados en la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Según los argumentos opositores, no existen en el país condiciones necesarias y suficientes para asegurar la coexistencia entre el cultivo de soya transgénica de Monsanto y la producción de miel. A las razones científicas se suman las económicas: el permiso referido pone en severo riesgo la comercialización de la miel producida en las entidades mencionadas en el mercado europeo –adonde se exporta 85 por ciento de la miel mexicana–, habida cuenta de que un fallo de la Corte de Justicia de la Unión Europea, emitido en 2011, prohíbe la venta de miel que contenga polen de cultivos transgénicos.
Tales elementos, en conjunto, hacen que la determinación judicial comentada revista particular importancia: se trata de un revés a la mayor trasnacional de alimentos modificados, cuya presencia se ha ampliado en nuestro país en años recientes, y constituye una victoria sumamente valiosa para las organizaciones campesinas e indígenas, ambientalistas, científicas y de la sociedad que se han opuesto a estos cultivos por constituir un factor de riesgo para la salud y la alimentación de las poblaciones y para la biodiversidad.
Al contrario, el hecho de que se haya tenido que recurrir a una instancia judicial para revertir un permiso a todas luces improcedente exhibe la actitud irresponsable e irregular de las autoridades agrícolas y alimentarias del país. En efecto, a contrapelo de lo que ocurre en Europa, donde la mayoría de los gobiernos nacionales se conducen con un principio de precaución ante la evidencia científica de riesgos y afectaciones que tienen los transgénicos en la salud y la biodiversidad, sus contrapartes mexicanas han optado por abrir el agro nacional a esos cultivos y lo han hecho, para colmo, pasando por alto las garantías de comunidades originarias –como el derecho a ser consultadas sobre operaciones de particulares que afecten sus territorios– y abandonándolas a su suerte en batallas jurídicas en contra de las poderosas trasnacionales.
Pese a su importancia, el revés judicial asestado a Monsanto en esta ocasión es a todas luces insuficiente para revertir el daño provocado con la apertura la libre producción de cultivos genéticamente modificados. Sería preferible, en todo caso, que el fallo de ayer orillara a una revisión, por las autoridades agrícolas y alimentarias, de su actual proceder en favor de las grandes trasnacionales de los alimentos modificados y en contra de los productores tradicionales y de la soberanía alimentaria del país.
Si es verdad que la erradicación del hambre es una de las prioridades del actual gobierno federal, el punto de partida obligado sería el reconocimiento de la relación entre dicho flagelo y el modelo de política alimentaria que ha sido impuesto al conjunto de la población, el cual se basa en la conversión del derecho a la alimentación en negocio privado de unas cuantas compañías.
