uerto el niño, el gobernador bala pretende tapar la ley que va lanzando a un pozo sus aspiraciones futuristas. Ante la creciente indignación que ha producido el episodio que causó el fallecimiento del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en San Bernardino Chalchihuapan, el propio Rafael Moreno (Valle) Rosas ha enviado una solicitud de retractación al mismo Congreso poblano que tan dócilmente aprobó en mayo pasado, por aplastante mayoría, lo que ahora probablemente echará abajo con similar convicción a gusto del ordenante.

Pero el problema no es de leyes ni solamente de Puebla. En un artículo que da luz sobre lo que está sucediendo en la entidad bajo mando oficial de Moreno (Valle) Rosas, el director de La Jornada de Oriente, Aurelio Fernández, ha precisado: porque lo que estamos viviendo en Puebla es el horror. No importa que en otras partes del país el horror sea más cruento y frecuente; esto es el horror y hay que decirlo.

Cierto es lo que plantea Fernández, pues el horror es generalizado y a cada cual le toca denunciarlo y combatirlo desde su lugar, aunque en comparación con los otros pudiera parecer menor. La ley bala y el gobernador bala no son sino una muestra extrema de la vocación represiva que anima a la inmensa mayoría de quienes hoy ocupan cargos de gobierno en el país, de Los Pinos (cuyo actual ocupante es el responsable histórico de agresiones inolvidables como la de San Salvador Atenco) a la casi totalidad de los gobernadores de los estados (con Miguel Ángel Mancera en lugar destacado) y a muchas de las presidencias municipales.

La construcción del poder político se funda en México en prácticas corruptas, fraudes electorales, complicidad de origen con adinerados grupos de interés y una proclividad al autoritarismo que se acrecienta conforme las protestas y la resistencia de segmentos populares confronta planes y conductas de esos gobernantes y legisladores (locales y federales) movidos por el lucro y la injusticia. Con modificaciones legales al estilo de las aprobadas en Puebla o sin ellas, quienes hoy ocupan sillas de poder son políticos bala, plenamente dispuestos a usar la fuerza pública y las maquinaciones mediáticas y políticas en contra de la irritación social que se va desbordando.

Extraños giros en el caso de la presuntamente malvada Mamá Rosa y su nada cándido albergue. A pesar de la abrumadora evidencia difundida aplicadamente por las propias autoridades de que en La Gran Familia se cometieron múltiples infracciones legales, varias de ellas de corte delictivo, la moldeable procuraduría federal de justicia, a cargo del también elástico Jesús Murillo Karam, se abstuvo de presentar postulaciones acusatorias contra el principal personaje de esa historia negra, a partir de las objetivas circunstancias de edad de la señora Verduzco, pero también con base en un unilateral y manejable peritaje que atribuye a Mamá Rosa presuntos problemas mentales que la harían inimputable. Aún están por conocerse las motivaciones políticas o viscerales de este montaje aparatoso.

A propósito de estos temas, Gaudencio Rodríguez Juárez, quien se define como sicólogo, escritor y activista en la defensa de los derechos de niños y niñas privados de cuidados parentales, comenta a esta columna que ahora que hizo explosión el caso de una casa hogar, La Gran Familia, es la oportunidad de que la situación lamentable de los niños, niñas y adolescentes en general, sea ventilada. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU dio la recomendación a nuestro país de atender dicha situación en 2006 y nuestro Estado mexicano no ha hecho la tarea. Esperemos que la atención a este problema no se apague cuando lo de La Gran Familia deje de ser noticia.

El sicólogo Rodríguez Juárez escribió un ensayo, que recibió mención especial en un concurso sobre el tema convocado por varias instituciones nacionales e internacionales, en el que apunta que el Estado mexicano carece “de información precisa, suficiente y fidedigna acerca de la situación de las niñas, niños y adolescentes sin padres e institucionalizados… Quienes ingresan a los ámbitos residenciales viven ahí un segundo abandono, un segundo maltrato –ahora institucional–, una segunda culpabilización –activada por lo que ellas y ellos no viven como medida de protección integral, sino como un encierro del que se sienten responsables ante la falta de explicación de tal medida–, una segunda violación a sus derechos que obstruye su desarrollo humano al impedir la conformación de una identidad sólida y una personalidad bien integrada (…) el encierro los excluye de la sociedad; su acceso a la justicia queda obstaculizado por las paredes que los confinan e invisibilizan, condenándolos además a la privación de la vida en familia y en comunidad”.

En las conclusiones de ese ensayo (el texto completo), el sicólogo sostiene que la formación y educación de los seres humanos es un proceso donde la presencia de vínculos humanos seguros, constantes y disponibles es condición necesaria. Si en nuestra sociedad existen altos niveles de destructividad humana son, en gran parte, porque estamos violentando a las niñas y a los niños. No debemos olvidar que los criminales de hoy son los niños que ayer tuvieron un arranque de vida caracterizado por la violencia, el descuido, el abandono. Fueron niños carentes de vínculos humanos que los humanizaran.

Y, mientras la calidad literaria de Elena Poniatowska es reconocida ahora por la Universidad Complutense de Madrid, que ha decidido entregarle un doctorado honoris causa en fecha por definir (probablemente en enero del año próximo), ¡hasta mañana, con el sonriente Emilio Chuayffet asegurando desde la SEP que se aplicará la ley para realizar los concursos magisteriales de oposición en Oaxaca y Michoacán, tal como el calendario oficial lo ha establecido y a pesar del militante rechazo de la mayoría de los profesores de esas entidades!

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