Puebla, Pue., 23 de julio,

El procurador general de Justicia del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, dijo que la lesión que sufrió el adolescente José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo durante la represión policiaca a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio y que ocasionó su muerte, el 19 de julio, no fue producida por una bala de goma disparada por los antimotines, sino por la onda expansiva de un cohetón lanzado por los vecinos, el cual, sin embargo, no dejó restos de pólvora.

El funcionario explicó que las investigaciones siguen abiertas, pero los primeros peritajes, basados en la declaración preliminar de la madre, del médico que atendió al menor en el hospital, pruebas con los artefactos que se usaron durante la confrontación, además del análisis de videos, permiten concluir por ahora que la lesión fue causada por un artefacto explosivo.

Tenemos obviamente el resultado de la necropsia, la historia clínica, en la que el médico que recibe al menor refiere efectivamente no haber encontrado rastros de pólvora, pero señala que los bordes de la lesión son característicos de una onda expansiva.

Se le preguntó por qué no se encontraron residuos de pólvora, y respondió: En las pruebas que nosotros hemos hecho no quedan residuos de pólvora. Lo que provoca el desprendimiento del hueso es la onda expansiva. Ya hemos hecho pruebas, están videograbadas. Las han hecho los expertos y lo único que queda es una marca, digamos, de tizne negro, que con gasa y agua se elimina.

Aseguró que el menor fue atendido primero en una ambulancia y después ingresó al quirófano. Cuando intervinieron los peritos, evidentemente ya había sido sometido a limpieza quirúrgica. Sin embargo, tenemos el dicho del médico de que no había rastros de pólvora, pero no forzosamente tendrían que existir. Tampoco hubo rasgos de algún otro material que nos pudiera permitir determinar alguna sustancia en la cabeza del menor, abundó.

La versión de Carrancá contradice la del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien el día siguiente de los hechos declaró que la gente había cerrado la autopista Puebla-Atlixco –en protesta por el retiro del servicio de Registro Civil a las juntas auxiliares– y llevó niños como escudos humanos.

La PGJE y la Secretaría General de Gobierno afirmaron que el niño se encontraba en la manifestación e incluso se filtró a medios de comunicación afines al gobierno estatal una fotografía en la que supuestamente el menor ayudaba a cargar una lona durante la protesta. Sin embargo, este miércoles Carrancá afirmó que la víctima no estaba en el lugar de la confrontación y que los videos permiten determinar que no había policías en torno suyo.

Se necesitan cambios, pero el problema es la incapacidad de diálogo del gobierno, dice

Mónica Camacho La Jornada de Oriente

Puebla, Pue., 23 de julio.

El presidente del Congreso local, el priísta Víctor Manuel Giorgana Jiménez, consideró que la abrogación de la llamada ley bala que propone el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas es un distractor para evitar que se discuta la operación realizada por la policía estatal el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan, municipio de Ocoyucan, lo que dejó un muerto y decenas de heridos.

Advirtió que la sustitución de la ley para regular el uso de la fuerza pública no garantizará el respeto a los derechos humanos durante las protestas.

Giorgana Jiménez argumentó en conferencia de prensa que el problema no es la norma, sino su aplicación por los cuerpos de seguridad y la incapacidad de diálogo del gobierno. Aseguró que no existen condiciones para que el Congreso estatal apruebe una nueva ley en este periodo ordinario de sesiones, que concluirá el 31 de julio.

El legislador, quien además de encabezar la junta de gobierno y coordinación política es líder del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que la estrategia del gobierno del estado es que el Congreso redacte una nueva normativa para que en caso de nuevos hechos de violencia la sociedad responsabilice a los diputados.

El problema, prosiguió el priísta, es que las disposiciones vigentes surgieron de una iniciativa que firmó y presentó el Ejecutivo.

Si bien reconoció que es necesario realizar algunas precisiones a la ley aprobada el 19 de mayo pasado, descartó que ésta sea la causante de la violencia en las operaciones policiacas, pues fue matizada por el Congreso.

Nosotros corregimos la iniciativa que envió el gobernador, ya que esa sí contenía elementos perversos de disuasión; incluso permitía el uso de armas de fuego para repeler manifestaciones, lo cual eliminamos del proyecto, refirió.

A su parecer, la ley vigente no necesita ser abrogada sino corregida, para que detalle con precisión las armas no letales que pueden usarse.

En tanto, Moreno Valle guardó silencio ante las preguntas que le hizo este miércoles la prensa sobre el tema durante un acto oficial.